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Mucho antes de que parte de la opinión pública se inyectara la falacia de que el Censo Nacional 2010 sería en realidad una avanzada conjunta del FBI, la CIA, Cipol, el Lado Oscuro de la Fuerza y la AFIP, y no un inventario poblacional de nuestra nación, o que sólo con monitorear la tarjeta SUBE sabrían nuestros peores secretos mediante la marca personal y electrónica, padres, abuelos y otros antepasados atesoraron la economía doméstica para barajar la inflación en rigor de la cuenta del almacenero y años después en la cotización de productos que están en la góndola.

De modo alguno cuestionaban los debates sobre micro o macroeconomía, eran prácticos y, con simpleza, sabían hasta dónde podían comprar con su salario. Caminar, abandonar los comercios del barrio, pugnar por precio y calidad fueron algunas variantes. Llegaron otros tiempos donde las metas de inflación se instalaron como marcas olímpicas, en calibre al mando del gobierno.

Incluso por estas horas la autoridades del Banco Central, en sorpresa impostada, deben reconocer que los aumentos sostenidos de precios no eran los previstos. Pues bien, para subrayar las malas nuevas, en versión dedicada a los sectores sociales más deteriorados, hay una conclusión con cálculo matemático/económico: desde enero de 2016 la pérdida del poder adquisitivo llega a casi un sueldo y medio de los trabajadores registrados.

El estudio corresponde a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), desde su Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). Si de alquimia se trata y se pretende medicar una aspirina para males preocupantes porque “la inflación siempre existió”, la respuesta más práctica es el ejercicio de nuestros mayores buscando comprar lo que se pueda, aun bajo condena social inmerecida.

Porque incluso desde la piel y el alma sienten la proporción inversa y social respecto de que cada vez ganan menos y deben gastar más en elementos de primera necesidad, alimentos por ejemplo.