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El diputado nacional Julio De Vido afrontará la segunda audiencia en el juicio oral por las responsabilidades en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas. En tanto, ayer el fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, insistió en pedir el desafuero del otrora superpoderoso ministro de Planificación Federal de la Nación, para que pueda requerirse su detención en la causa que lo investiga por un fraude en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio, calculado en 265 millones de pesos.

Se trata de dos muestras cabales de una ley no escrita que se aplica no sólo para la vida en general sino también para la política, en especial en la Argentina. “Esto es una rueda, un día estás abajo, otro día arriba, y luego podés bajar otra vez”, reza la sentencia, palabra más, palabra menos. A lo largo de los 12 años y medio en que De Vido ejerció el Ministerio de Planificación Federal, varios funcionarios de su área fueron acusados por diversos casos de corrupción.

Sin embargo, en los casos que se denunciaban a la Justicia nunca se encontraban resoluciones o documentos con la firma de puño y letra del ministro. Por eso Ricardo Jaime -tanto o más allegado a Néstor Kirchner que el propio De Vido- cayó preso y José López fue atrapado con nueve millones de dólares en bolsos que arrojó a una especie de convento, en causas que, en principio, no complican al ahora diputado.

No obstante, la insistencia de los familiares de las víctimas de Once y de fiscales como Moldes o Carlos Stornelli en el sentido de que De Vido “no podía no estar al tanto de todo lo que se robaba en áreas de su ministerio” convencieron a jueces de ir en su contra. Claro está que el rotundo cambio de color político en la Casa Rosada, ocurrido hace poco más de 21 meses, ha sido clave en este giro de la rueda negativo para el ex ministro.

Cabe recordar también que, poco antes de las PASO, el oficialismo en la Cámara de Diputados intentó, sin éxito, disponer la quita de sus fueros para que eventualmente pudiera ser detenido. El año próximo, con otra composición tras las legislativas de este mes, lo intentaría nuevamente. Se trata de un caso que debe ser tomado por todo funcionario público como una muestra de lo que ocurriría en el futuro si alguien reúne elementos de su gestión que puedan complicarlo.