Marcos Peña confesó que no hay proyecto elaborado en este aspecto. 

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@javiercarrodani

A poco más de un mes para las elecciones legislativas del 22 de octubre, uno de los temas que desde la oposición se está instalando es la presunta intención del gobierno nacional de impulsar, en el marco de un plan de ajuste, una reforma laboral que flexibilice algunas de las condiciones vigentes en convenios colectivos que les otorgan ciertas seguridades a los empleados.

El argumento del oficialismo para esa eventual iniciativa es incentivar a las empresas a contratar gente y así ir bajando la desocupación, como una forma eficaz de ir también reduciendo la pobreza en el país. En ese sentido, el jefe de gabinete, Marcos Peña, refirió que aunque no hay un proyecto elaborado, la intención del gobierno es ir avanzando sobre la cuestión en una agenda de diálogo con gremios de la CGT.

El encuadre teórico es muy similar al expuesto por el gobierno de Carlos Menem en los años ‘90. Con la sanción de la ley 24.013 se crearon los contratos que más adelante fueron denominados “basura”, porque se trataba de modalidades a disposición de los empleadores que privaban a los trabajadores de estabilidad, vía eliminación o reducción de la indemnización por despido que hasta entonces estaba vigente.

En ese contexto, los convenios se renegociaron y los sindicatos debieron ceder conquistas históricas como, por ejemplo, el límite máximo de la jornada laboral de 8 horas diarias. Pasada la década menemista, el nivel de desempleo, en vez de bajar, fue subiendo, en parte porque muchos despedidos de grandes empresas estatales que se privatizaron no pudieron reinsertarse en el mercado, pero fundamentalmente porque, luego de unos años de crecimiento, la economía argentina sufrió dos cimbronazos provenientes del exterior -el efecto tequila de 1995 y la fuerte devaluación del real brasileño de 1998- que la estancaron.

Esto, sumado a que la moneda local estaba atada al dólar por la convertibilidad y al aumento de la deuda externa, llevó a la crisis de 2001 y al default de 2002. En la etapa siguiente esa ley flexibilizadora se derogó y se retomaron las paritarias. Y en ese contexto fue la recuperación económica del país, la que también permitió la creación de más empleos.

En conclusión, más allá de las reglas específicas de contratación, que por cierto seguramente pueden ser revisadas y mejoradas en pos de alentar a los empresarios a tomar gente, lo que principalmente define la cuestión es si se apuesta de verdad a producir para atender las demandas de los consumidores, y a la vez se procura que éstos tengan ingresos para poder demandar y consumir.