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La situación planteada por los aumentos de tarifas de servicios públicos tiene una historia que arranca mucho antes de 2015, cuando asumió el actual gobierno, e incluso antes de 2003, cuando la gestión kirchnerista decidió congelar los valores. Hace años ya que el actual presidente Mauricio Macri, varios de sus funcionarios, dirigentes políticos afines al oficialismo, empresarios del sector energético y economistas identificados con el libre mercado sostienen que el congelamiento de las tarifas durante 12 años causó una desinversión enorme que condujo a la crisis, con múltiples cortes de servicios.

Además, la política kirchnerista de ir compensando a las prestadoras de luz, gas, agua potable y también de transporte de pasajeros con subsidios cada vez mayores para al menos los gastos operativos generó que esos ítems fueran perdiendo incidencia en los gastos de hogares y empresas.

Muchas veces se dijo que, en Capital y Gran Buenos Aires, los servicios estaban prácticamente regalados. Pero para ser justos hay que decir que esta historia arrancó a comienzos de la década de los 90, cuando el entonces presidente Carlos Menem privatizó los servicios públicos con la premisa de que la ineficiencia y la corrupción del Estado lo hacían inevitable.

Cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, dijo que la Argentina estaba saliendo de la debacle ocurrida un año y medio antes y las empresas del sector venían de "juntar plata en pala" en los últimos años. Por eso, era momento de poner un poco de su parte para ayudar a la recuperación.

Mas aún, había casos de retrasos en las inversiones acordadas en los mismos contratos de privatización. La réplica empresaria ante ese planteo fue no invertir un peso más, con el argumento de que las compañías están para ganar dinero y no para ponerle el hombro a un país. Y las ganancias de los 90 ya se habían liquidado, remitido, etc. Es decir, plata no iba a volver.

Así planteadas las cosas y con un gobierno que, como se recordará, tampoco era muy propenso a flexibilizar posturas, pasaron los 12 años y se le dejó un gran problema a la gestión de Cambiemos. Ahora bien, caben preguntas, más allá de números y reclamos que puedan hacerse: ¿es lógico recomponer un atraso tarifario de 12 años con quita de subsidios en tres o cuatro años como intenta este gobierno? ¿No debería haberse planteado un gradualismo mayor, para dar más margen a los hogares, las pymes, e incluso empresas grandes, para adecuarse a "pagar los servicios por lo que realmente cuestan y valen"?

De nuevo, aceptar eso implicaría un gesto de paciencia de parte de empresas que -ya lo dijeron- están para hacer negocios, no para esperar, y además cuentan con el aval de los actuales funcionarios a la idea de que se está en deuda con ellas. Siempre es bueno recopilar los hechos, para tener más en claro quién es quien.