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Tras su victoria electoral, el gobierno impulsa una serie de reformas que implican retrocesos para la clase trabajadora: desde nuevos incrementos tarifarios a cambios en leyes de trabajo, jubilaciones y hasta de los impuestos. Todo eso se hace porque, como dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "los empresarios necesitan previsibilidad” para poder invertir y así generar trabajo.

Más empleo significaría mejores condiciones de trabajo y más oportunidades para los empleados, según la teoría del derrame futuro. El ajuste, recomendado por los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), forma parte del combo de medidas con las que el gobierno busca convencer al mundo para interesarlo en nuestro país.

Es la receta ortodoxa para un país cuya deuda aumenta considerablemente y tiene déficit comercial: achicar el gasto público (subsidios, jubilaciones) y beneficios sociales (en el mercado laboral), para favorecer la reactivación económica, generando mejores condiciones para los hombres de negocios de todo el mundo.

El diputado del Frente Renovador Facundo Moyano rechazó la reforma laboral y resaltó un dato particular: en nuestro país, las empresas tienen una ganancia promedio del 20% de su inversión, cuando en el mundo el promedio es del 8%. Eso no se discute. Asimismo, se podría objetar que, en la misma semana en que esas reformas se convirtieron en un texto presentado al Congreso Nacional, el gobierno dio de baja los créditos baratos para las pymes, que generan el 70% del empleo en el país.

También que el Ejecutivo no sólo mantiene sino que agranda, porque es su única forma de combatir una inflación que no cede, la bicicleta financiera de las Lebacs. Si es más rentable (y mucho más seguro) ganar plata en la Bolsa que en una empresa, ¿porqué las grandes marcas invertirían los cuantiosos fondos que tienen ubicados en letras y bonos del Estado?

Tampoco hay medidas para evitar los fondos “golondrina”: dinero que viene del exterior, hace diferencia con el mercado y se lleva toda su ganancia a su origen. El costo lo paga el Estado, o sea, todos nosotros. Si la decisión es aplicar una política ortodoxa de ajuste a la economía, bueno sería cerrar todas esas ventanas por las que se escapa el fruto del esfuerzo a que se somete a toda la población.