La Justicia tucumana condenó este viernes a 18 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" al hombre que abusó de la nena de 11 años identificada como Lucía, a quien en febrero del año pasado le realizaron una cesárea a pesar de haber solicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El Tribunal V de la Cámara Penal encontró "responsable" al acusado, de 67 años, pareja de la abuela de Lucía, de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el grave daño a la salud de la víctima y por convivencia en concurso real" y lo condenó a la pena de "18 años de prisión accesorias legales y costas procesales". El sentenciado deberá seguir en prisión preventiva en su domicilio hasta tanto queda firme la condena, para ser trasladado inmediatamente al penal de Villa Urquiza.

Lucía tenía 11 años cuando, en enero de 2019, pidió la interrupción de su embarazo producto de la violación perpetrada por su abuelastro. Su beba nació por cesárea el 26 de febrero de 2019, con 23 semanas de gestación y 660 gramos de peso, y falleció unos días después, el 8 de marzo. 

La pena de 18 años impuesta por los jueces coincidió con lo solicitado por la fiscal Estela Velia Giffoniello, no así con la querella, que había pedido 20 años de prisión para el imputado, la máxima tipificada en los casos de abuso sexual agravado.

En el mismo fallo recomiendaron al Estado provincial brindarle a la víctima una beca para que pueda terminar sus estudios y le provea asistencia socioeconómica, sanitaria y psicológica, de manera gratuita. 

También exhorta al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo Social para que concrete un relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes; organicen campañas de educación y concientización, prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y de salud sexual y reproductiva.

El abogado querellante, Emilio Guagnini, integrante de Andhes, sostuvo que están "conformes con la sentencia, 18 años de prisión es casi el máximo de pena" para este tipo de delitos, pero aclaró que no es lo que ellos pretendían. "Se ha llegado a una sentencia relativamente rápida teniendo en cuenta los tiempos de la Justicia, con una prueba muy contundente que fue la muestra de ADN que acreditó la responsabilidad del imputado y él mismo reconoció su responsabilidad del hecho", destacó el abogado.

Florencia Vallino, también integrante de la querella por Andhes, valoró que "la sentencia incorpora medidas de reparación para la niña", las cuales celebró porque "son necesarias para que pueda acceder a sus derechos". "También contiene una serie de pedidos ligados específicamente a la violencia sexual hacía las niñas y niños. En este sentido, recomienda al poder Ejecutivo de la provincia que genere un análisis de diagnóstico del estado de la situación, lo más acabado posible, para diseñar medidas necesarias con el fin de erradicar estos abusos", explicó.

Por último, Guanini sostuvo que entienden que "el Estado tuvo un rol que no fue el adecuado porque intentó dilatar el pedido de la familia de Lucía, de que a la niña se le practique la interrupción legal de su embarazo (ILE), y es por eso que pedimos esta serie de recomendaciones que se plasmaron en la sentencia".
 

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