El juicio a los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes al joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020, se iniciará el 2 de enero de 2023, en plena feria judicial de verano, y se realizará en 22 jornadas, de lunes a viernes, según informaron fuentes judiciales.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en el “auto de prueba”, que emitió el jueves y con el que notificó a las partes la fecha de inicio del juicio oral, entre otras resoluciones.

Cabe destacar, que la última audiencia antes de conocerse la fecha del inicio del debate oral por el asesinato de Báez Sosa había dejado un claro requerimiento por parte de la defensa de la víctima: que el juicio comenzara en el primer semestre de 2022.

Sin embargo, dicho pedido no fue cumplido y la Justicia aseguró que el año que viene no posee disponibilidad en su agenda para desarrollar el caso, por lo que se fijó para el 2 de enero de 2023 el inicio del debate oral y público. 

Fernando Baéz Sosa: notificaciones para todos

En la notificación, que recibieron las partes, los jueces indicaron que a partir de esa fecha se desarrollarán 22 jornadas consecutivas, de lunes a viernes, en donde se expondrá toda la prueba.

La notificación electrónica fue enviada por el tribunal el jueves al mediodía y en ella se destacó que durante el juicio se incorporará toda la prueba ofrecida por los defensores particulares. El doctor Hugo Tomei, abogado de los imputados, propuso que se cite al debate a la fiscal Verónica Zamboni, al fiscal Walter Mércuri y a la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi.

En tanto, el tribunal rechazó el requerimiento al explicar que se considera “absolutamente improcedente que los magistrados que por sus funciones tomaron intervención en el caso durante la Investigación Penal Preparatoria, comparezcan a este juicio a prestar declaración”.

Tomei solicitó que los funcionarios judiciales que participaron en el inicio de la causa sean parte de la prueba, para conocer cómo se desarrolló el proceso desde que los acusados fueron detenidos. “Afirmó que no es su intención investigar a la doctora Zamboni, sino demostrar el modo en que se operó en la investigación de este caso”, agregaron.

Finalmente, se supo que los ocho imputados conocieron esta decisión durante la tarde del jueves y una fuente judicial indicó que “se exhibieron preocupados” y que “les pesa la incertidumbre de no saber qué va a pasar en 2022″.

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