Un juez de la localidad cordobesa de Jesús María fue denunciado este viernes por dictar resoluciones presuntamente "no ajustadas a derecho" al otorgar la custodia de un niño de 10 años a su padre biológico que, según un abogado que es parte en la investigación, el progenitor está denunciado por "abuso sexual infantil".

La causa se inició hace cinco años cuando Gilda Morales denunció en la Fiscalía de Jesús María, que su hijo era abusado por el padre biológico, sin embargo en el proceso de investigación se fueron tomando decisiones judiciales sobre falsos fundamentos basados en trastornos de manipulación, conocido como Síndrome de Alienación Parental (SAP).

A partir de esa mirada de los responsables judiciales de la investigación desacreditaron la denuncia y, mediante la aplicación del SAP que no tiene respaldo científico, decidieron otorgar a su padre la custodia del niño y sus dos hermanos.

El abogado Julián Carabajal, quien representa a la madre del menor de edad aseguó a Télam que presentó una denuncia penal en contra del juez José Antonio Sartori, por "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y mal desempeño de sus funciones".



"Tomó decisiones unilaterales y arbitrarias, en el marco de un proceso investigativo viciado de ilegalidad", afirmó Carabajal y añadió que entre las arbitrariedades, el magistrado tomó este jueves la decisión de modificar el régimen comunicacional con la madre.


El niño "tenía que estar con la madre desde ayer para hacerse unos estudios médicos, porque está desnutrido. Está con alrededor de 15 kilos menos de los que tendría que tener, pero resulta que el chico todavía está con el padre", cuestionó el letrado.

El abogado detalló que el juez Sartori tiene la causa desde hace dos años, y que desde entonces cometió "mala praxis judicial con la manipulación en las declaraciones" del nene, con el aval de la abogada Marcela Colombo que representa los derechos del niño.



Carabajal sostiene que la abogada Colombo fue "introducida ilegalmente" en la causa, al sostener que "no cumple con los requisitos" que establece la ley provincial 10.636 que crea la figura del Abogado del Niño y que está vigente desde el 5 de julio de 2019, el cual exige capacitación y estar en el Registro de Abogados del Niño, por lo tanto está "pulverizando los derechos del chico, de sus hermanos y de su madre", aseveró.


El letrado apuntó también a la jueza de Familia Silvia Cristina Morcillo y al fiscal Guillermo Monti como partícipes de las "resoluciones ilegales" que "persiguen como interés la impunidad de la detención ilegal de la madre", ocurrido tiempo atrás cuando realizó la denuncia de los abusos sexuales.

Organizaciones de todo el país se suman día a día en una campaña nacional para visibilizar la situación y respaldar la lucha de Morales, para recuperar a sus hijos.

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