Jorge Castillo, más conocido como "El Rey de La Saladafue beneficiado con una prisión domiciliaria, por lo que regresará a vivir a la misma mansión del partido bonaerense de Luján donde fue detenido en 2017 tras balear a un policía.

El beneficio fue otorgado en las últimas horas por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, que hizo lugar a un planteo de la defensa de Castillo (62) y dispuso que sea monitoreado a través de una tobillera electrónica.

"La resolución de la Cámara muestra que al menos una de las imputaciones que tenía Castillo estaba basada en pruebas falsas y con testimoniales que fueron direccionadas por el fiscal (Sebastián Scalera) para perjudicarlo", explicó su abogado César Albarracín.

El letrado confirmó que Castillo regresará a su mansión del barrio privado Haras Argentino, en la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján, donde el 21 de junio del 2017 fue detenido tras atacar a balazos a los policías que participaron del operativo.

"La resolución de la Cámara muestra que al menosuna de las imputaciones que tenía Castillo estaba basada en pruebas falsas y con testimoniales que fueron direccionadas por el fiscal para perjudicarlo".

Aún resta que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) realice los informes técnicos en la mansión para poder instalar el sistema de monitoreo y luego podrá ser trasladado allí, posiblemente la semana próxima.

La mansión de Castillo en Luján.

Castillo está procesado, por un lado, por el juez Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, en una causa por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

Pero además está acusado por el juez de Lomas de Zamora, Gustavo Craig, por "asociación ilícita" y "tentativa de homicidio" debido a las heridas que sufrió el policía durante el procedimiento realizado en su mansión. Castillo efectuó dos disparos a través de la mirilla de la puerta blindada de una de las habitaciones e hirió a un efectivo.

En esta causa, el juez dio por concluida la instrucción, por lo que Castillo estaría en condiciones de enfrentar un juicio oral, en que habrá además otros 33 acusados, entre ellos algunos familiares del "Rey de La Salada".

Momento en que Castillo fue detenido.

Respecto a la prisión domiciliaria, los camaristas Martín González, Jorge Tristán Rodríguez y Tomás Bravo consideraron en su resolución, en base a dos peritajes incorporados a la causa, que "los disparos efectuados por Castillo desde el interior de la habitación no fueron dirigidos a los efectivos policiales" y agregaron que existía un "desconocimiento por parte del encausado del ingreso del personal policial" a su casa.

Por eso, consideraron que "disponer un arresto domiciliario con tobillera electrónica deviene ahora en una alternativa legítima y confiable".

También tuvieron en cuenta que Castillo supera los 60 años de edad y que "cuenta con un grupo familiar con capacidades de contención afectiva, integrado por su esposa con quien tuvo tres hijos -actualmente menores de edad- y un cuarto hijo de otro matrimonio, posee arraigo y domicilio fijo".

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El abogado Albarracín aseguró que Castillo "está bien de salud, a pesar de los dos años y tres meses que permaneció en la cárcel de Ezeiza" y anunció que pedirá ser "enjuiciado por un jurado popular porque no cree en la Justicia".

"Está molesto por las arbitrariedades judiciales y presión política que padeció en su contra todo este tiempo", afirmó el letrado.

"Está molesto por las arbitrariedades judiciales y presión política que padeció en su contra todo este tiempo".

La causa al "Rey de La Salada" comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo, descubrieron que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los tres predios habilitados, Urkupiña, Cooperativa Ocean y Punta Mogote, este último administrado por Jorge Castillo.

Esa pesquisa avanzó y estableció que explotaban de manera ilegal los puestos, cobraban un canon a los feriantes para poder permanecer en el lugar y otros montos por seguridad, limpieza, estacionamiento, además de un bono contribución.

Según el expediente, todo era realizado bajo amenazas y, en caso de que no se pudieran concretar los cobros, los feriantes eran golpeados, al tiempo que los miembros de la organización que actuaban como "seguridad" atacaban a las denominadas "mecheras" que descubrían robando en el predio sin previamente "arreglar" con ellos.

En los videos que constan en la causa, pueden verse que a las mujeres las llevaban a galpones, las hacían desnudar y las azotaban con cinturones.

Fuente: Télam

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