Dos gitanos de San Juan serán juzgados por trata de persona y suplantación de identidad en perjuicio de una chica de esa comunidad que residía en Chubut, a quien compraron con una dote a sus parientes para formar familia con uno de los imputados, que son padre e hijo.

Según explicó el fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, un gitano de 45 años y su hijo de 27 “serán juzgados por la justicia federal por captar a una menor” de “la misma colectividad, comprándola mediante el pago de la dote, para obligarla a un matrimonio o unión de hecho, del que nacieron dos nenas”.

El caso por el que fueron detenidos los dos hombres, de apellido Aramayo y que esperan el juicio en libertad, salió a la luz en enero pasado cuando la adolescente -que ya tenía 17 años- escapó del aislamiento a la que estaba sometida y pudo comunicarse con una hermana en Entre Ríos, de donde es oriunda.

De acuerdo con su testimonio en cámara Gesell, conoció por las redes sociales a un joven al que su tío la vendió por 50.000 pesos cuando vivía con él y con su abuela en Chubut, tras la muerte de su padre cuando ella tenía 7 años, pues su madre se casó con un “criollo” -alguien ajeno a la comunidad gitana- y se fue a vivir a Entre Ríos.

La joven dijo que desde que llegó a San Juan le quitaron el teléfono celular, no la dejaron hablar nunca con su familia, la controlaban en exceso, no le permitían salir y sufrió malos tratos y violencia, por lo que siempre quiso escapar.

El fiscal federal Francisco Maldonado sumó al delito de trata otras dos imputaciones, por suplantación de identidad y “sometimiento económico” de una víctima “inmadura y vulnerable” pues a los 15 años, cuando tuvo a su primera hija, le hicieron un nuevo DNI para que cobre un plan social que quedaba en poder de su concubino.

Maldonado se apoyó en una encuesta ambiental de organismos oficiales que constató, con los relatos de tres vecinos, la violencia y el encierro forzado que sufría esa niña hipoculturizada, porque sólo cursó hasta segundo grado, en una casa del departamento Rawson, al sur de la capital de San Juan.

El caso denunciado por la madre de la adolescente, que apenas se contactó con ella viajó a San Juan para denunciarlo, es el primer conflicto entre gitanos que traspasa las fronteras de esa cultura y llega a la Justicia por conductas calificadas como delitos contra una menor.

En su declaración, los imputados señalaron el pago de la dote para justificar la presencia de la chica en San Juan, negaron haberla maltratado y sostuvieron que siempre tuvo total libertad y que ella misma se las había ingeniado para hacer el trámite del DNI haciéndose pasar por otra persona.

Según consta en el expediente, en 2014, cuando tenía 15 años, pudo escapar de la familia gitana que la había captado y la justicia local la derivó a un hogar estatal para menores, pero ese mismo año la enviaron de vuelta con los ahora acusados de someterla.

El fiscal Maldonado dijo que “no consta en el expediente el motivo por el que se tomó esa decisión” y señaló que el asunto también forma parte de la investigación.