El futbolista Emanuel "Bebelo" Reynoso declaró ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito II de Córdoba, Turno I, a cargo de Milagros Gorgas. Lo hizo por videoconferencia desde el complejo carcelario de la localidad de Bouwer, donde fue alojado luego de que un chico de 16 años lo acusara de golpearlo en la cara con la culata de una pistola.

El adolescente, además de asegurar que fue atacado por el ex jugador de Boca Juniors, sostuvo que conocidos del deportista robaron sus pertenencias y las de sus amigos en medio de una fiesta que se desarrollaba el sábado 4 de diciembre en la ciudad de Córdoba.

En la tarde de este martes, Reynoso fue indagado en una causa en la que se encuentra imputado por "amenazas calificadas, y lesiones leves reiteradas calificadas con el concurso premeditado de dos o más personas y agravadas por el uso de arma". También, como coautor de "robo calificado por la situación de infortunio particular del damnificado".

El actual mediocampista del Minnesota United de Estados Unidos negó los hechos que se le imputan y dijo no haber estado en el lugar de los episodios denunciados, informaron fuentes consultadas por LMdiario.com.ar.

El chico de 16 años que denunció ante la prensa y la Justicia que Reynoso lo golpeó con la culata de una pistola en la cara (Gentileza Cadena3.com).

Por su parte, Jorge Sánchez Bianco, abogado defensor del futbolista, expresó que Reynoso puso a disposición un domicilio para residir en la ciudad cordobesa de Carlos Paz mientras avance la investigación judicial.

"Colaboró con cada circunstancia y duda de la Fiscalía. Aportó toda la prueba necesaria para probar su inocencia y pedimos el recupero de libertad. No existen indicadores de riesgo procesal y garantías para que pueda continuar el proceso", manifestó Sánchez Bianco, según reportó Cedena3.com.

Por su lado, la fiscal Milagros Gorgas sostuvo que, a pesar de que el imputado se mostró bien predispuesto, decidió mantenerlo detenido porque faltan tomar medidas de reconocimiento de imágenes y porque los denunciantes afirman estar atemorizados por eventuales represalias.

La normativa procesal indica que, luego de la declaración, la Justicia tiene diez días para resolver si se  le otorga la libertad o si le dicta la prisión preventiva.

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