La Justicia de Río Negro declaró responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al ginecólogo Leandro Rodriguez Lastra por no realizar un aborto no punible a una joven de 19 años violada y embarazada por un familiar en 2017 en Cipolletti, quién permaneció internada en el hospital Pedro Moguillansky hasta el momento de parir. La mujer no fue quien lo denunció, si no que lo hizo la legisladora Marta Milesi, médica pediatra y autora de la ley de aborto no punible en la provincia de Río Negro.

El fallo del juez de Río Negro, Álvaro Maynet, permitió que el ginecólogo continúe con sus tareas profesionales hasta tanto se de a conocer el tiempo de la pena y que ésta quede firme en las próximas audiencias.

La pena prevista es de un mes hasta dos años de cárcel, dijeron fuentes judiciales, que indicaron que la inhabilitación para ejercer su profesión será por el doble de tiempo de la pena que se establezca.

"Sigo convencido de mi inocencia", declaró el médico ante la prensa al finalizar la audiencia.

Tras el fallo, el juez argumentó las circunstancias en las que un aborto se considera no punible según el artículo 86 del Código Penal y la ley rionegrina 4796, y resaltó que Rodríguez Lastra no estaba inscrito en el registro de objetores de consciencia.

Hace falta aclarar que la joven, de 19 años, no era paciente del doctor Rodríguez Lastra, ni del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, Río Negro, donde éste es jefe del servicio de Ginecología.  

En los próximos días se conocerá la pena.

Esto ocurrió en abril de 2017. La mujer llegó, derivada desde otra localidad a la guardia del hospital, con fuertes dolores y declarando haber ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG. Rodríguez Lastra corroboró que tenía 22 semanas y media de gestación (es decir, acababa de entrar en el 6º mes, según las tablas de conversión). El feto pesaba más de 500 gramos.

Según los hechos, la joven ingresó al hospital luego de haber consumido pastillas de Oxaprost con un proceso abortivo en curso. Días antes las profesionales del hospital de Fernández Oro habían solicitado la derivación a Cipolletti para interrumpir el embarazo, pero el ginecólogo exigió un informe psiquiátrico, un requisito no establecido en la ley, por lo que se interpretó como una negación a la asistencia sanitaria.

El ginecólogo exigió un informe psiquiátrico, un requisito no establecido en la ley, por lo que se interpretó como una negación a la asistencia sanitaria. 

Permaneció dos meses y medio internada en Cipolletti a la espera de la interrupción que nunca llegó. De acuerdo a lo que contó la legisladora Marta Milesi, quien realizó la denuncia, la joven estuvo retenida contra su voluntad para que pueda dar a luz al bebé.

La joven fue sometida a una cesárea y el bebé dado en adopción de forma inmediata. En la primera audiencia del juicio, Rodríguez Lastra declaró que se negó a llevar adelante la práctica "para evitar que el cuadro se complique". "Más allá de la semana 20 ya ni siquiera se puede hablar de aborto. Para interrumpir un embarazo tan avanzado hay que matar al bebé en el útero antes de sacarlo", señaló el ginecólogo en una entrevista con Infobae.

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