La defensa de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, apeló la prisión preventiva dispuesta para los ocho detenidos por el caso, por lo que ahora será la Cámara de Apelaciones de Dolores la que deba confirmar o modificar la situación de los imputados, informaron fuentes judiciales.

El abogado Hugo Tomei presentó la apelación el pasado miércoles en el Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, a cargo de David Mancinelli, quien ahora deberá girar el recurso de la defensa a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores.

La Sala I de dicho tribunal, que está integrada por los camaristas Fernando Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone, es la designada para actuar en el expediente.


Fuentes judiciales indicaron que el recurso de apelación insiste en los planteos de nulidad realizados por Tomei.

La defensa planteó su disconformidad con la resolución de Mancinelli respecto de las nulidades sobre presuntas irregularidades por parte de la fiscalía, las cuales ya habían sido presentadas en la audiencia preliminar del jueves pasado en un escrito.

El viernes pasado, el juez Mancinelli avaló la investigación de la fiscal Verónica Zamboni y dictó la prisión preventiva para ocho de los acusados por el delito de "homicidio doblemente agravado", que prevé una pena de prisión perpetua.

Al agravante por el que ya había acusado la fiscal del "concurso premeditado de más de dos personas", Mancinelli le sumó el de la "alevosía", ya que consideró que a Fernando los mataron "en total estado de indefensión".


En su resolución, el magistrado señaló como "coautores" del crimen a Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), y como "partícipes necesarios" a Blas Cinalli (18), Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), y Ayrton Viollaz (20).

Al momento de fundamentar que los rugbiers continúen detenidos, Mancinelli valoró varias cuestiones: la pena en expectativa de prisión perpetua, el "desprecio por la vida" que evidenciaron, por el haber incriminado a un inocente y los mensajes de WhatsApp donde informaron que la víctima "caducó" y ordenaban no hablar del tema con nadie.

Además, consideró que existen "peligros procesales" que justifican el encarcelamiento preventivo de los sospechosos, como el riesgo "de fuga y entorpecimiento probatorio".

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