La crisis que golpea a la economía argentina produjo un tembladeral en un ecosistema de medios de comunicación, afectado, además, por el avance de las nuevas tecnologías y la creciente penetración de las redes sociales, por lo que es más que necesaria la intervención del estado para garantizar la libertad de expresión e impulsar políticas públicas que beneficien a la industria de medios.

Tal es el paradigma que plantea en una nota publicada en Infobae Gabriel Enríquez, director de Gestión de la Comunicación Pública, encargada, entre otras tareas, de planificar y ejecutar la publicidad oficial en la gestión centralizada y aprobar los lineamientos de la descentralizada.

Enríquez no es muy alentador a la hora de realizar un balance y afirma que si el año 2019 comenzó mal para el ecosistema de medios de comunicación, todo indica que va a terminar peor. Y enumera: Al arrastre de un 2018 con graves problemas económicos se sumaron despidos, estructuras más chicas, recortes presupuestarios, solicitudes de procedimientos preventivos, espacios cedidos gratuitamente a la campaña electoral de partidos políticos, menos publicidad del sector privado y vedas electorales para publicitar gestión gubernamental.

Para el funcionario, el ya casi viejo debate sobre la irrupción de las redes sociales empeora las cosas. Los medios de comunicación no solo sufren la crisis económica como cualquier otro sector de la economía sino que ademas la globalización y el avance de la tecnología, junto a la creciente penetración de las redes sociales, producen una verdadero tembladeral sistémico, describe.

Ante este panorama -agrega-, el Estado tiene una doble tarea, por un lado asegurar la libertad de expresión, la pluralidad de voces y la generación de información diversa para que la mayor cantidad de ciudadanos tenga acceso a ella y así profundizar el sistema democrático. Y por otro, el de reconocer a la industria de los medios como tal y generar las condiciones suficientes para que se pueda reconvertir, dinamizar, volver a generar empleos, ofrecer contenidos e información de calidad, regular las simetrías que se producen y volcar políticas específicas que requiere el sector en una coyuntura apremiante.

Tras analizar las necesidades de los ciudadanos para contar con un acceso a información real, plural, de diversos acontecimientos y por sobre todas las cosas confiable y remarcar que son los medios de comunicación, los tradicionales como los periódicos, la radio y la tv y los nuevos surgidos en las últimas décadas como webs y otras plataformas digitales productoras de contenidos quienes proveen ese tráfico de información; propone que el Estado tome la iniciativa y genere un espacio institucional desde donde se pueda convocar a las diferentes cámaras y asociaciones que nuclean a todos los medios y productoras del país, con la idea de procurar consensos para la implementación de políticas públicas que beneficien a la industria de medios en particular y al sistema democrático en general.

Resulta sustancial abrir el debate a toda la comunidad de medios y discutir, por ejemplo, sobre el uso de la infraestructura de red que hacen las grandes plataformas digitales de manera gratuita en desmedro de quienes elaboran contenidos, pensar en cómo se puedan encontrar nuevas formas de monetización y la habilitación de nuevos productos que puedan ser comercializados desde las plataformas de los medios, siendo conocedores de que la publicidad digital encontró un techo, al igual que la publicidad programática y hoy la torta publicitaria es la misma en términos reales que años atrás, pero los destinatarios con expectativas de una parte de dicha torta se multiplicaron exponenciamente en todo el mundo, describe.

Más concretamente, propone crear un espacio conformado por el Estado y los medios, donde se permita escuchar al sector y en consecuencia se desprendan políticas activas que se desplieguen con un sentido federal por todo el país, llegando a esos pequeños y medianos medios tradicionales, muchos de ellos de tercera o cuarta generación familiar y que hoy ven amenazada su continuidad si no se reconvierten. Se trata de un lugar donde se puedan establecer marcos que aseguren equidad en la asignación de la publicidad oficial pero también un compromiso de los medios de comunicación para actuar dentro de un marco de ética y buenas prácticas que aporte credibilidad y confianza al ciudadano.

Enríquez también observa el efecto nocivo y circular que produce contratar espacios para publicidad gubernamental en un medio, pagarle a mas de 60 o 90 días, causarle un problema financiero al punto de no poder cumplir con sus obligaciones fiscales y a raíz de esto no otorgarle el certificado para poder contratar con el Estado y excluirlo de cualquier planificación de campaña publicitaria.

Es entonces donde plantea que es con diálogo, buscando consensos entre el Estado y las empresas de medios de comunicación, articulando juntos para no dejar caer una industria que significa uno de los pilares del régimen democrático, es desde el conocimiento profundo de la problemática, desde donde elaborar respuestas concretas, viables y sustentables que permitan en tiempos de la post verdad, ofrecerle a la población información certera y plural. Es con capacitación, conociendo buenas prácticas a nivel global, identificando las audiencias, otorgando herramientas que permitan desterrar la idea de subsistir a costa de la publicidad oficial como único recurso, es por sobre todas las cosas el momento de abordar una industria en crisis, olvidando confrontaciones del pasado y asumiendo con seriedad y responsabilidad la construcción de una solución en conjunto.

Finalmente, el funcionario remarca que no es necesariamente cierto, como se ha dicho, que por sus características el sistema de medios no puede sobrevivir tal y como está estructurado. Su crisis, al margen del estado general de la economía, puede abordarse, conducirse y transformarse en una oportunidad de desarrollo, pero sí y solo sí, se generan políticas adecuadas y consensuadas con ese fin.

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