Funcionarios y autoridades judiciales acordaron este juever con presos de la cárcel de Villa Devoto abrir un análisis sobre la situación de más de 400 detenidos en condiciones de acceder a una morigeración de condenas y acelerar el trámite administrativo para priorizar la prisión domiciliaria de quienes integran la población de riesgo ante el contagio de coronavirus.

Fuentes oficiales informaron que el acuerdo se firmó en la Capilla de la cárcel porteña, en el marco de la segunda mesa de diálogo realizada por autoridades y representantes de todos los pabellones de ese penal, quienes dispusieron un nuevo cuarto intermedio hasta el martes de la semana próxima para continuar con las negociaciones.

En el acta, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco, detalló que desde la primera reunión un equipo interdisciplinario analizó 805 informes presentados por el colectivo de detenidos "penados a menos de tres años".

"Se comenzará a trabajar con 405 personas que se encuentran en condiciones de acceder a libertad asistida y condicional", señaló uno de los puntos del acta, que también indica que "se aceleró el trámite administrativo de los informes que se presentan a solicitud de la Defensoría General y lo acompañan con escritos en cada trámite particular".

Blanco señaló que en el SPF hay 1,280 internos "en condiciones de riesgo" ante la Covid-19, de los cuales y 320 presos ya fueron "externados" hasta hoy.

Luego de que el enviado de la Defensoría General de la Nació (DGN) explicó a los representantes de los pabellones I, II, III, V y VI los alcances del trabajo interdisciplinario realizado, estos manifestaron que "reconocen y valoran las gestiones realizadas" desde la primera reunión, pero reclamaron la presencia del "Secretario de Justicia, los Jueces de Ejecución y los Secretarios de Cámara, considerando la presencia de ellos imprescindible para avanzar en este diálogo".

Por ello, los detenidos propusieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de mayo próximo a las 10 y solicitaron que el "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convoque formalmente a la totalidad de los Jueces de Ejecución Penal, como así también a los representantes de la Cámara Federal de Casación", detalló el acta.

"De la misma manera solicitan restablecer los interlocutores que a nivel ministerial" y pidieron por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, quien integró las mesas de diálogo del 24 y 25 de abril pasado, ocasión en la que desempeñó "un rol fundamental".

En su lugar estuvo el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto, quien suscribió el acta con su firma.

También participaron de la reunión el juez Daniel Morin, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución 2 Vilma Bisceglia; y representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad) y el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla).

Los presos también pidieron que se "asuma el compromiso de no realizar traslados de los referentes de los pabellones" presentes en la mesa de diálogo, que se mejoren "las condiciones y entrega de elementos de higiene" y la "alimentación que ha mermado" desde la protesta del viernes último.

Solicitaron una "respuesta concreta" para "descomprimir la situación de hacinamiento", convocar a "una referente de la población femenina penal o arbitrar los medios para que de manera virtual pueda participar de esta mesa" y seguir con el trabajo interdisciplinario para la revisión del estado de los trámites administrativos y judiciales iniciados.

Por su parte, la presidenta de Acifad, Andrea Casamento, quien también suscribió el acta, aseguró que días después de la primera mesa de diálogo el Ministerio de Salud realizó controles especiales sobre los presos, lo que "generó mucha tranquilidad".

La mesa de diálogo se conformó tras los incidentes protagonizados por los detenidos de Devoto, quienes reclamaron durante más de 12 horas por la agilización de sus causas penales y que se les otorguen beneficios de prisiones domiciliarias ante la posibilidad de contagio de coronavirus.

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