Un tribunal dará a conocer mañana su veredicto en el juicio llevado a cabo por el copamiento de la comisaria primera de la localidad bonaerense de San Justo, donde en 2018 un grupo de personas intentó rescatar a balazos a un delincuente detenido allí.

El fiscal del caso, Ariel Speranza Rossi, pidió una pena de 50 años de prisión para siete de los acusados, quiene según dijo se tirotearon con cuatro policías y, a causa de las heridas, dejaron parapléjica a la sargento Rocía Villarreal.

Los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de la Matanza, dictarán mañana, a las 11, el fallo en el juicio.

"Van a meter presa a gente inocente, mientras los verdaderos culpables están afuera", dijo a Crónica Facundo Ferro, abogado de uno de los imputados, Gonzalo Fabián D'Angelo, de 25 años.

Ferro aseguró que su defendido, a quien se acusa de manejar el auto utilizado para el rescate del detenido, "no participó" de la maniobra y que eso queda claro en los mensajes de audios aportados en el caso.

"Todo es una locura. Han llevado al banquillo de los acusados a personas inocentes. El propio organizador de la fuga, Leandro Aranda, mencionó: 'acá se está juzgando a gente que no tiene nada que ver con los hechos'. Los responsables, sujetos peligrosos, están libres", planteó Ferro.

Además de D'Angelo y Aranda, el detenido a quien los delincuentes intentaron rescatar a sangre y fuego, son juzgados su esposa, Zahira Ludmila BustamanteDaniel Alberto RodríguezTomás SosaSebastián Ariel Rodríguez y la abogada Leticia Analía Tortosa.

Otra de las imágenes del tiroteo aportadas en la causa.

Ferro explicó que Daniel Rodríguez "tiene problemas psiquiátricos" y no conoce por qué está involucrado en el caso. "Lo metieron por la ventana para justificar la detención", afirmó.

En el caso de Sebastián Ariel Rodríguez, sostuvo que es "un linyera que vivía en un auto al costado de la Autopista Dellepiane y es homónimo" de un hombre que presuntamente participó del copamiento.

El juicio comenzó el 26 de marzo pasado de forma semipresencial, con los jueces, abogados y testigos en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y los presos siguiendo todo por videoconferencia desde unidades carcelarias.

Los alegatos, en tanto, se realizaron el lunes pasado en la sede de la Jefatura Departamental La Matanza de la policía bonaerense, donde los imputados fueron trasladados con un fuerte dispositivo de seguridad.

El fiscal pidió para todos los acusados la pena de 50 años de cárcel como coautores de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas 'criminis causae', contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa".

El juicio comenzó el 26 de marzo pasado de forma semipresencial.

En el caso de la abogada Tortosa, a quien se la acusa de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a Aranda el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se contactó con la banda, el fiscal solicitó subsidiariamente que se la condene a 20 años si llegan a considerar que solo actuó como partícipe secundaria y además, una inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de la abogacía.

En tanto, para al octavo imputado, Bruno Damián Postigo Marullo, que es primo de Bustamante, el fiscal pidió una pena de seis años por “encubrimiento agravado”, porque sólo quedó involucrado tras haber hecho una falsa denuncia por el robo de un auto que la banda usó en el golpe frustrado.

En su alegato, Speranza Rossi dijo que se trató de un hecho de “gravedad institucional”, que contó con una “planificación” y una “división de roles y tareas”.

Aranda, el principal acusado, estaba preso desde 2017 por un crimen narco en una villa de La Matanza -hecho por el que fue condenado a 10 años-, y según dijo el fiscal, “tenía problemas afuera” y debía salir de la comisaría porque “había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14” de la Capital Federal.

Por eso, según la imputación, planteó su propia evasión junto a su esposa Bustamante, quien fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses de vida.

En el caso de D'Angelo, a quien según el fiscal apodaban “Schumi”, en referencia al expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher y sus habilidades como conductor, era quien esperaba afuera como chofer en un auto Volkswagen Fox.

Ferro aseguró que, horas antes del copamiento, su defendido fue amenazado de muerte con un arma de fuego para obligarlo a participar del operativo, pero que horas antes de concretarlo "desapareció" y no fue quien manejó el vehículo.

Según el abogado, D'Angelo conocía a Aranda porque era el mecánico de sus autos, pero en los audios aportados al caso se destaca que no estuvo entre los partícipes del frustrado rescate.

El 30 de abril de 2018, a las 5.05 en la comisaría Distrital Noroeste Primera de  San Justo, cuatro personas entrarona los tiros para rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, en el que esa madrugada había 43 detenidos.

Según la acusación, con vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, algunos se quedaron afuera resguardando la zona y otros ingresaron a la seccional y dispararon contra la policía.

Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Villareal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones "gravísimas" y la dejaron parapléjica en forma "permanente y definitiva".

Los policías lograron repeler con sus armas la agresión e hicieron que la banda huyera sin poder llegar al sector de los calabozos.

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