Comenzaron a correr horas decisivas para un caso que conmocionó al país: la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinará si revoca o confirma la condena a prisión perpetua de  Nahir Galarza, acusada del asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de  Gualeguaychú, donde ambos residían y mantenían una relación de noviazgo.

El más alto tribunal del país debe expedirse por un recurso de queja que presentó a fines de 2020 su defensa con la pretensión de que, con perspectiva de género, la Corte revise y anule la sentencia dictada en su contra.

Esa presentación fue realizada por la abogada María Raquel Hermida Leyenda, quien encabeza el Equipo Interdisciplinario de la Red de Contención, una ONG que asesora a víctimas de violencia de género.

Galarza, presa en la Unidad Penitenciaria de Mujeres N° 6 de Paraná, en su primer testimonio dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, lo que la ponía sin contacto con su novio el día del asesinato. Sin embargo, ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y, en una segunda declaración, admitió que lo había matado con el arma de su padre policía, pero que había sido en forma “accidental”.

Por su parte, Hermida Leyenda informó en un comunicado que el recurso de queja “se basa en la falta de perspectiva de género durante el proceso contra Nahir”, y explicó que la presentación respondió a que “la investigación y el debate oral evidenciaron graves negativas a la defensa, impidiendo la realización de numerosas pruebas”.

Fue notoria la violencia institucional contra los testigos que decían algo a favor de la imputada, hasta se llegó a denunciar por falso testimonio a una profesional y una vecina. Se le vedaron pericias completas y reiteradamente confundieron perspectiva con violencia de género”, expresó la criminóloga.

La letrada, en una entrevista reciente publicada por la revista Gente, manifestó: "Estamos esperando la resolución de la Corte Suprema de Justicia".

Y se esperanzó: "Hubo casos muy importantes como el de Rubén Re, donde tuvieron que liberar a la acusada (Andrea Torres Condado) por antecedentes de las cosas mal hechas" . Se refirió así al profesor de tenis que murió atropellado en 2013. Torres Condado, quien estaba casada con otro hombre al momento del hecho, había sido considerada autora material del delito de abandono de persona, agravado por el resultado de muerte.

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