La Justicia porteña rechazó el pedido de libertad que presentó la defensa de un adolescente que invocó la vulnerabilidad del detenido ante la pandemia de coronavirus, y consideró que hay “más posibilidades de contagio” fuera que dentro de una cárcel, informaron este miércoles fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral de Menores (TOM) 1, que se opuso también a la prisión domiciliaria en un inmueble del barrio Piedrabuena de la Ciudad de Buenos Aires de K.A.D., condenado en octubre de 2017 a ocho años y tres meses de prisión por robo con arma, ocasión en la que fue declarado reincidente, aunque la sentencia al haber sido apelada no está firme.

Entre otras razones para rechazar el pedido, el TOM 1 consideró que existen mayores posibilidades de contagio del virus fuera del Complejo Penitenciario Federal que dentro del penal. Un defensor oficial había argumentado las recientes normas procesales penales que permiten aplicar medios coercitivos alternativos a la prisión y que D., con un solo riñón desde pequeño, integra un “grupo de riesgo” frente al Covid-19.

Tras evaluar el dictamen fiscal contrario al pedido, los camaristas Jorge Apolo, Fernando Pissano y María Rosa Casarrá concluyeron que en la causa hay “pautas objetivas suficientes" para presumir que, en libertad, D. “no cumplirá con sus obligaciones procesales”.

El tribunal, que por las restricciones ordenadas por la Corte Suprema para evitar el contagio del virus, deliberó vía electrónica, acotó que no obstante sus problemas de salud, el adolescente “no se encuentra dentro de las condiciones consideradas de riesgo”, y que su caso “en modo alguno luce agravado por la proliferación de la pandemia del Covid-19”.

Basado en informes sobre nulidad de infectados dentro de la población carcelaria el tribunal acotó que “al día de hoy el mayor peligro con relación a las posibilidades de contagio son extramuros y no a la inversa, al punto que se encuentran restringidas al máximo las visitas de toda índole e incluso las salidas transitorias”.

En la misma resolución, los camaristas ordenaron a las autoridades del penal que, dentro del plazo de 24 horas, se realice un examen médico a D. para conocer su actual estado de salud, “en especial lo que resulta de su dolencia renal”, y tomen medidas “para preservar su higiene y sanidad”.

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