Marian Gómez, la joven que la semana pasada fue absuelta por un tribunal que además reconoció que el hecho por el que había sido condenada a un año de prisión se inició en acto de discriminación que la tuvo a ella por víctima, aseguró que "reactivará" la denuncia presentada hace casi cuatro años ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), contra los dos policías y el empleado de Metrovías que la violentaron.

El pasado 7 de abril, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó un fallo de primera instancia que en 2019 había condenado a la joven por resistencia a la autoridad y lesiones leves contra dos efectivos de la Policía de la Ciudad que el 2 de octubre 2017 y justo en el momento que se besaba con su esposa, Rocío Girart, la habían increpado de mala manera por fumar en un lugar semiabierto donde muchas otras personas fumaban, en la estación Plaza Constitución.

En su fallo, el tribunal consideró que Gómez sufrió antes un acto de discriminación que justificó su intento de resistir la detención, una orden además ilegítima.



"Al día siguiente que a mí me liberaron, mi esposa Rocío y yo hicimos la denuncia por violencia institucional contra los dos policías y un empleado de Metrovías ante la Procuvin", contó a Télam.

"Pero ese expediente no podía avanzar hasta que esta otra causa, en la que yo estaba acusada, no tuviera un fallo favorable porque si no terminaba bien para mí, la otra no se podía hacer", contó.

Con la nueva sentencia que revirtió la condena anterior y "como además en el mismo fallo dice que hubo discriminación" contra ella, "ahora se puede seguir con la otra denuncia" y la pareja está dispuesta a llevarla hasta las últimas consecuencias.

"Como la presentación está hecha, lo que hay que hacer ir al tribunal y presentar los papeles para pedir que se desarchive y reactivarla", dijo.



Tras cuatro años de peregrinar por tribunales con alto costo para su vida personal -como la imposibilidad de conseguir un empleo formal por el antecedente judicial-, Marian y Rocío seguirán buscando justicia como un acto de militancia LGBT+.

"Seguimos con esto más que nada para que se pueda aplicar la ley Micaela tanto entre los funcionarios públicos como cualquier trabajador de un ente del estado que trate con ciudadanos y que la policía deje de sostener una postura discriminatoria alrededor de la comunidad LGBT+, de la que nadie se hace cargo", dijo.

En ese sentido, Gómez aseguró que en cuatro años "no cambió nada" porque las instituciones siguen funcionando sin aplicar la "perspectiva de género".


"Estoy bastante contenta con el fallo, aunque todavía no caigo del resultado. Yo creo que con el tiempo lo recordaré como un mal momento tanto para mí como para la comunidad, porque fue un hecho para adoctrinarnos", declaró.

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