El Senado debatirá el proyecto de ley para modificar el impuesto a los Bienes Personales, con el que se eleva el mínimo con el que se comienza a tributar y aumenta las alícuotas de los patrimonios superiores a $100 millones.

La iniciativa fue votada el pasado martes en la Cámara de Diputados, en donde el oficialismo logró imponerse en una votación ajustada en la que obtuvo 127 votos contra 126 de la oposición, que hicieron que el proyecto tenga que volver a debatirse en el Senado con las modificaciones realizadas desde el Frente de Todos.

Entre los cambios que se introdujeron se subieron las alícuotas del impuesto para los patrimonios más altos y se dispusieron alícuotas incrementadas para los bienes en el exterior del país, puntos que tuvieron gran rechazo por parte de los miembros de Juntos por el Cambio.

De esta manera, en primer lugar con este proyecto se pretende elevar de $2 millones a $6 millones el monto mínimo no imponible, el piso a partir del cual se comienza a pagar el impuesto y que se mantuvo igual a la iniciativa inicial impulsada por la oposición.

Con esta modificación se espera alcanzar a un total de 500.000 contribuyentes, que dejarán de pagar el impuesto el próximo año.

Por su parte, el monto del mínimo no imponible se ajustará anualmente por la inflación (IPC) correspondiente a octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año previo, por lo cual, para el Período Fiscal 2022 se tomará la variación entre octubre de 2022 y octubre de 2021.

La iniciativa sube a 1,50% lo que pagan los patrimonios de más de $100 millones, mientras que el porcentaje se eleva a 1,75% para los que superan los $300 millones. Además, en el caso de los bienes situados en el exterior, las alicuotas van de 0,7% hasta un máximo de 2,25% para el caso de patrimonios que van de $18 millones en adelante.

Respecto a los inmuebles destinados a casa-habitación, no tributarán Bienes Personales cuando su valor determinado resulte igual o inferior a $30 millones.

Por último, el Ejecutivo nacional contará con la potestad de disponer la baja de las alícuotas cuando se realice la repatriación de activos financieros ubicados en el exterior.