La Cámara Federal porteña confirmó hoy los procesamientos de tres ex funcionarios kirchneristas detenidos por distintas causas, Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y amplió los procesamientos contra los empresarios involucrados en el caso en el que se investigan delitos en las licitaciones para construir dos plantas potabilizadoras de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). 

Los jueces del tribunal de apelaciones confirmaron también el procesamiento al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez como partícipe necesario del delito de “cohecho pasivo” al considerar que habría intermediado en el pago de la coima por parte de los empresarios a los entonces funcionarios públicos.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la ampliación de los procesamientos a los ex directivos de de Aysa Carlos Ben y Oscar Biancuzzo como autores en el delito de cohecho, que habrían permitido direccionar las licitaciones en favor de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) liderada por la brasileña Odebrecht

Los camaristas recordaron en un fallo de 32 páginas que en esta causa se investiga “la existencia de un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y empresarios particulares para direccionar en perjuicio de los intereses del Estado los procesos licitatorios de dos proyectos” vinculados a AySA.

Además, señalaron que, demostrada la existencia de los acuerdos, la investigación se orientó “a acreditar las dádivas que como contrapartida las empresas ganadoras (de las licitaciones) habrían pagado a las autoridades estatales a fin de asegurarse tales adjudicaciones ventajosas”.

El primer proyecto, que apuntaba a la ejecución y puesta en marcha de la Planta Potabilizadora “Paraná de las Palmas”, fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht, Supercemento, Roggio y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. 

El segundo, consistente en la construcción de la Planta Depuradora “Sistema Berazategui”, resultó ganadora la unión conformada por las empresas Camargo Correa S.A. y Esuco S.A.

“En lo que respecta a la primera etapa, el juez instructor (Sebastián Casanello) tuvo por acreditado el direccionamiento en perjuicio de los intereses del Estado que causó la ausencia de una competencia real y la generación de mayores costos, razón por la cual dispuso los procesamientos de los funcionarios públicos de AySA, Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo”, recordaron los camaristas.

Para esta segunda etapa de procesamientos, la Cámara Federal ratificó la ampliación de las acusaciones contra empresarios como Aldo Roggio, Osvaldo "Tito" Biagini (de Cartellone) y Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) acusados de haber pagado las coimas para asegurarse las obras. 

La Cámara Federal rechazó, además, un pedido realizado por Roggio que buscaba transferir acciones de su empresa en favor de sus hijos porque estando procesado tenia limitaciones para participar de nuevas licitaciones. 

Los camaristas remarcaron que “corresponde al fiscal Federico Delgado, imprimir la celeridad” al proceso de obtención de información conseguida por la justicia de Brasil relacionada con Odebrecht, en el marco del caso Lava Jato.

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