Al rojo vivo. La interna del Frente de Todos tiene un eje que marcó a fuego estos primeros dos meses del gobierno de Alberto Fernández: los ex funcionarios detenidos por causas de corrupción. Para el kirchnerismo, se trata de dirigentes encarcelados producto de una persecución política encarada por el gobierno de Mauricio Macri; para el sector encolumnado con el presidente Alberto Fernández, son "detenciones arbitrarias", pero en el marco de causas judiciales que deberán definirse en los Tribunales.

La diferencia es pequeña en la definición, pero grande en lo simbólico. Uno habla de errores judiciales; el otro, de una decisión política. De ahí que ambos tengan soluciones diferentes: Fernández espera que los mismos jueces resuelvan sus errores, el kirchnerismo exige una gestión oficial para que los ex funcionarios recuperen su libertad.

En los últimos días, mientras trascendían audios y detalles a favor de los reclamos de los detenidos, la presión del sector que considera a Cristina Kirchner como la jefa política del espacio se redobló. En la misma semana se filtró a la prensa un documento que demuestra que el testigo clave en el juicio contra Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, recibió 1,5 millón de pesos durante su paso por el programa de testigos protegidos; al mismo tiempo, trascendió un audio de uno de los máximos jueces de Jujuy asegurando que Milagro Sala está presa por decisión política del gobernador Gerardo Morales. "No hay pruebas de que haya agarrado plata", dice en la comunicación que llegó a los medios por lo que el juez debió pedir licencia.

En ese marco, kirchneristas y "albertistas" intercambian pareceres sobre la condición de presos políticos. Este domingo fue el gobernador bonaerense quien se sumó al lote de referentes que piden definirlos en esos términos. "Sí hay políticos presos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos. Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos", afirmó Kicillof en una entrevista que concedió al diario Perfil.

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó que "Alberto nos pidió que no digamos que su gobierno tiene presos políticos porque los presos políticos ya están en libertad y sólo quedan los que están siendo juzgados". Sin embargo, remarcó que "hay voces más sabias que dicen que sí hay presos políticos".

En el debate ya se manifestaron el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro del Interior Eduardo De Pedro y el canciller Felipe Solá, entre otros.

Quien salió a defender la postura "oficial" fue el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien se alineó con Cafiero: "Yo suscribo lo que dijo el jefe de Gabinete", dijo el ex intendente de San Martín, y aclaró que "son matices sobre una forma de ver la situación".

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