La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme, el jueves, el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez. Por esta razón, la senadora electa quedó en condiciones de ser enviada a juicio oral.

De esta forma, el expediente en el que se la investiga por delitos en la obra pública en esa provincia patagónica se convertiría en el segundo proceso oral y público que deberá afrontar la ex mandataria y senadora nacional electa por Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires. Esto es porque ya fue elevada a juicio oral la causa en la que está procesada por las operatorias de dólar futuro al final de su mandato, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1, con inicio en fecha aún a determinar. 

En tanto, el jueves, el máximo tribunal penal del país rechazó recursos de queja directos presentados por la defensa de la ex presidenta y del también procesado Báez contra el fallo de la sala I de la Cámara Federal que confirmó los procesamientos resueltos en la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz por el juez federal Julián Ercolini.

El magistrado quedó entonces en condiciones de iniciar los trámites procesales necesarios para el envío del caso a juicio oral, según las resoluciones de la sala IV. Además se rechazaron recursos de Báez, procesado junto a Cristina y los también detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.

La ex presidenta está procesada sin prisión preventiva como coautora de “asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública”. En esta causa se investigó cómo, durante el kirchnerismo, se direccionó la adjudicación de obra pública a las empresas del grupo Báez en Santa Cruz por un valor calculado en 46.000 millones de pesos.

Además, Casación dejó firme el embargo de 10 millones de pesos impuesto por el magistrado a la ex presidenta. Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky advirtieron que el procesamiento confirmado por la Cámara Federal no es una sentencia definitiva ni causa un “gravamen” de imposible reparación, por lo cual no corresponde que sea revisado por Casación Penal.

La defensa, ejercida por el abogado Carlos Beraldi, “se limita a señalar la arbitrariedad de la decisión invocando que viola el derecho de defensa en juicio de su asistida, sin demostrar, ante esta instancia, cual es el perjuicio actual y concreto que esa decisión le conlleva y que no encontrará reparación en futuras etapas”, indicaron los camaristas en la resolución.

También rechazaron el argumento de la “gravedad institucional” del caso que planteó la defensa de la ex mandataria porque señalaron que no se demostró que el tema “exceda el mero interés de las partes afectando a la comunidad", circunstancia que habilitaría el análisis en Casación como tribunal intermedio.

Sobre el embargo que la defensa de Cristina había apelado también, los camaristas lo confirmaron porque no se advierte “perjuicio patrimonial” que pueda perjudicar a la ex presidenta. Los mismos magistrados rechazaron dos recursos de queja del detenido Báez, el dueño de Austral Construcciones, empresa que según la Justicia se benefició con el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz desde la llegada a la Presidencia del fallecido Néstor Kirchner, tras ser fundada por el empresario Lázaro Báez poco tiempo antes, cuando renunció a su puesto como cajero de banco.

Se trata de la causa penal en el marco de la cual el 5 de octubre pasado, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron a Ercolini el embargo de propiedades de todos los acusados y la apertura de sus cajas de seguridad que ya están franjadas, algo que aún el magistrado no resolvió.

La ex presidenta fue procesada por la “conformación de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Baéz recibía obra pública a través de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA y de la “Sucesión Adelmo Biancalani”. En la causa hay otros ex funcionarios nacionales procesados al igual que uno de los hijos de Báez, Martín.

La ex presidenta ya fue enviada a juicio oral en la causa donde está procesada por la venta de dólar futuro al final de su gobierno. Además, está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien la semana pasada la indagó por supuesto “encubrimiento agravado” a iraníes prófugos del atentao a la AMIA a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, por la firma del Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán.

La semana próxima, la ahora senadora electa regresará a los tribunales federales de Retiro para ser indagada otra vez por el juez Julián Ercolini esta vez en la causa Hotesur, que investiga el supuesto cobro de sobornos por la adjudicación de obra pública a través de falsos alquileres de hoteles de esa sociedad familiar.