Entre los instrumentos del Fondo Monetario Internacional ( FMI) para préstamos no concesionarios están los Acuerdos de Derecho de Giro (acuerdos Stand-By), la Línea de Crédito Flexible (LCF) y la Línea de Precaución y Liquidez (LPL); en tanto, para necesidades a mediano plazo, cuenta con el Servicio Ampliado del FMI (SAF); y para proporcionar asistencia de emergencia a los países miembros que enfrentan necesidades urgentes de balanza de pagos, el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR).

La variante que le interesa a la Argentina es la Línea de Crédito Flexible (LFC), en la cual los acuerdos LCF se aprueban a favor de países que reúnen ciertos criterios preestablecidos. La duración de la LCF es de uno o dos años con un examen provisional después de un año para confirmar que el país continúa cumpliendo con los criterios.

En la reunión que tendrá este miércoles con la francesa Christine Lagarde, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, podría solicitar una cifra que va de los u$s 20.000 a los u$s 30.000 millones. Históricamente, la mayor parte de la asistencia no concesionaria del FMI se ha proporcionado en el marco de los acuerdos Stand-By como el último otorgado a la Argentina en el 2001. En general, tienen una duración de 12 a 24 meses, y el reembolso debe efectuarse en un plazo de 3 a 5 años.

Otra variante es la Línea de Precaución y Liquidez (LPL) que está destinada a países con políticas y fundamentos sólidos, y una trayectoria de implementación de esas políticas.

Los acuerdos enmarcados dentro de la LPL pueden ser de seis meses o de 1 o 2 años; estos últimos están sujetos a exámenes semestrales.

Para algunos especialistas, la situación actual de la Argentina encuadraría más cercanamente a esta opción, pero que fija un límite máximo de monto que para nuestro país no superaría los u$s 15.000 millones.