El ex ministro de Planificación e Infraestructura y diputado nacional  Julio De Vido se defendió en la Justicia de las acusaciones de supuestas irregularidades en las compras de gas natural licuado de 2008 a 2015 y aseguró que las adquisiciones fueron necesarias por el "escenario de crisis" en las reservas de energía hidroeléctrica.

"Era necesario, en ese escenario de crisis aparentemente desconocido por la Judicatura, tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una creciente demanda de gas con soluciones rápidas y eficaces", sostuvo el ex funcionario kirchnerista al declarar ante el juez federal Claudio Bonadio.

De Vido manifestó, en su escrito de descargo, que "el invierno del año 2007 implicó un duro castigo climático a nuestra comunidad“ y hasta recordó que "todavía se mantienen en nuestras retinas las raras postales nevadas del 9 de julio de ese año".

"Ese dato climático coincidió con una crisis sin igual en las reservas de generación hidroeléctrica del Comahue", explicó el ex ministro kirchnerista y consideró que "bajo ningún aspecto, las consecuencias de dicho fenómeno podían cargarse sobre la comunidad". Al tratar de justificar las compras de gas licuado entre 2008 y 2015, aseguró que "jamás tuvieron como consecuencia un perjuicio al Estado" y sostuvo que "mucho menos implicaron algún tipo de relación personal con el objeto de cometer ilícito alguno".

"No ha habido, como hemos dicho, acción alguna que haya ocasionado una defraudación al Estado Argentino, y mucho menos una que tenga involucrado al arquitecto Julio De Vido", añadió.

Esta causa se inició a fines de 2014 por la denuncia de los entonces legisladores del PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich (hoy ministra de Seguridad) y Laura Alonso (a cargo ahora de la Oficina Anticorrupción), a raíz de declaraciones periodísticas de Roberto Dromi, ex asesor de De Vido y ex ministro menemista.

Dromi había dicho en una entrevista que los contratos de compra de GNL no tuvieron "los códigos de transparencia que la ley exige a Enarsa".

Por ello Dromi también quedó imputado en la causa y debió prestar declaración indagatoria, así como Roberto Baratta, ex titular de la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión; Daniel Cameron, ex secretario de Energía, y José Granero, ex director de Enarsa.

Fuente: DyN