El Frente de Todos evalúa la realización de una marcha en respaldo de Cristina Fernández de Kirchner y en rechazo a lo que entienden es una clara persecución política en su contra. La convocatoria serviría para canalizar de una manera más formal las espontáneas movilizaciones que se registran desde el lunes a la noche, luego de que se conociera el pedido de prisión a la vicepresidenta y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Estamos armando una gran marcha para mostrarle a la derecha que somos millones y estamos dispuestos a dar pelea”, dijo este miércoles en una entrevista radial la senadora nacional Juliana Di Tullio, jefa del bloque Unidad Ciudadana en la Cámara Alta.

Para Di Tullio, "atacar a la jefa del peronismo lo único que hace es hacernos reaccionar, porque nos atacan a nosotros". Y sostuvo: "Dentro del peronismo, yo soy de las que exige movilizarse. Hay una responsabilidad de la dirigencia peronista que tiene que estar en permanente alerta de movilización”.

Juliana Di Tullio: "Yo soy de las que exige movilizarse".

En la misma dirección se expresó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. "La movilización popular puede evitar que proscriban a Cristina. El peronismo, cuando entra en esta etapa de alerta y movilización de su principal líder, empieza a construir un movimiento de respaldo y organización contundente”, aseguró la legisladora bonaerense.

Las manifestaciones espontáneas se produjeron en las últimas dos noches frente al domicilio particular de la expresidenta, en el barrio porteño de Recoleta. También hubo otra vigilia en la puerta del Senado, a la hora en que Cristina Kirchner pronunciaba su mensaje por las redes sociales, que fue retransmitido en directo por casi todos los canales de noticias. Su decisión de hablar públicamente fue tomada luego de que el Tribunal Oral Federal número 2, que la enjuicia por la llamada causa Vialidad (que investiga la asignación de obras viales en la provincia de Santa Cruz), le negara el derecho de ampliar su declaración indagatoria.

 

El pedido de condena a Cristina Kirchner: más respaldos de dirigentes

En las últimas horas, más figuras del ámbito político se sumaron a los respaldos hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner. El exgobernador sanjuanino y extitular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, dijo que “defender a Cristina hoy es precisamente defender los derechos de todos, especialmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es injusto lo que pretenden hacer con ella. “Todo esto ha servido para despertar al peronismo”, agregó.

 

 

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó que “no hay fallos ni sentencias que borren el amor del pueblo por Cristina. No podemos permitir la proscripción ni la persecución ni el manoseo a las instituciones y la República, como les gusta decir a ellos y a ellas", en velada alusión a dirigentes de la oposición.

Los ecos de la situación judicial a Cristina Kirchner llegaron a Bolivia, donde el presidente Luis Arce manifestó su solidaridad. “Desde el Estado Plurinacional de Bolivia enviamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la hermana Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina, víctima de un nuevo ataque político-jurídico. Los pueblos de la Patria Grande están contigo”, tuiteó el mandatario de ese país.

Cristina Kirchner: de qué la acusan

La ex presidenta está siendo juzgada en una causa en la que se investiga si hubo una maniobra organizada tendiente a que una sola empresa, perteneciente a Lázaro Báez (de gran amistad con el ex presidente Néstor Kirchner) monopolizara las obras viales en la provincia de Santa Cruz.

 

 

En un extenso alegato, que duró varias jornadas y culminó el último lunes, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner por considerar que incurrió en los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. También pidió su inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Además Luciani pidió condenas para Báez (12 años de prisión) y otros funcionarios del gobierno kirchnerista, entre ellos el exministro Julio de Vido y el exsecretario José López (10 años cada uno).

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