Fuerte revés a una semana de la marcha. 

Por: Florencia Golender
florenciagcronica@gmail.com

Tras convocar a una movilización para el próximo miércoles en reclamo al Gobierno Nacional, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, fue notificado este miércoles por la Justicia sobre el avance de la causa donde se lo investiga a él y a su familia por un presunto lavado de dinero.

El juez federal de Morón, Néstor Barral, ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del líder sindical, su hijo Pablo; su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

Mientras varios gremios anuncian que no se plegarán a la marcha del 21 de febrero, Hugo Moyano se encontró este miércoles con un fuerte revés en la pulseada estival que sostiene con el gobierno. 

Hace rato que la Justicia estudia la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir sin mayores avances. Pero este miércoles dio un gran paso para determinar si el dinero utilizado para la compra provino de la supuesta sobrefacturación al sindicato de Camioneros de Aconra, Dixey y Iarai.

"Lo primero que se busca corroborar son los dichos de la denuncia sobre dos propiedades que se compraron en Parque Leloir y si hay movimientos de dinero tanto en ingresos como egresos que justifiquen o no dicha inversión", dejaron trascender fuentes judiciales.

Denuncia anónima

La denuncia fue presentada por un funcionario del municipio de Vicente López que dijo haber recibido un anónimo, según informó un funcionario judicial que participa del caso. La información coincide, al parecer, con los datos de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que conduce la dirigente de Cambiemos, Laura Alonso. Ese informe hoy está incorporado a la causa.

Con todo, la medida fue dispuesta el 29 de diciembre y se notificó recientemente a la fiscalía y se libraron las correspondientes notificaciones a los organismos públicos: Banco Central, AFIP y a las entidades involucradas en el expediente.

Según fuentes judiciales, la decisión del juez de Vicente López alcanza también a las empresas bajo sospecha en esta causa: Aconra SA, que se dedica a la construcción; Dixey SA, que produce indumentaria de trabajo y deportiva, y Iarai SA, una prestadora médica. Todas vinculadas a la familia Moyano.