Crece el escándalo en Salta y Jujuy luego de que en los últimos días se conociera que decenas de legisladores y funcionarios públicos de ambas provincias figuraban inscriptos en la base de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social ( Anses) para cobrar el Ingreso Familiar de emergencia ( IFE) de 10.000 pesos. Se trataría de un fraude a la administración pública, delito que puede implicar una pena de hasta seis años de prisión.

Por estas horas, la Justicia Federal de Salta procesa información recabada en un operativo realizado el lunes en la sede de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses ubicada en la zona sur de la capital provincial, en especial porque entre los funcionarios y políticos locales que habrían recibido de forma irregular el beneficio se encuentra el mismísimo titular de esa sede del organismo, Marcos Vera. Si bien este funcionario se limitó a desmentir estar involucrado en esta conducta y a decir que dará la explicación correspondiente cuando sea autorizado, desde el organismo se dejó trascender que, en su caso, la carga de datos habría correspondido al armado de "un tutorial explicativo" para aquellos beneficiarios que no estuviesen familiarizados con la carga de datos.

El procedimiento fue realizado por miembros de la dirección de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional y personal del Área de Casos Complejos de Salta, por orden del fiscal de la causa, Ricardo Toranzos, quien busca dilucidar si tanto Vera como otras decenas de personas (entre ellas 52 concejales de 32 municipios salteños, un intendente y un diputado nacional) que están bajo investigación cobraron de forma indebida el subsidio que otorga el Estado nacional.

Toranzos sostuvo que baraja "tres hipótesis" para esta investigación: si los funcionarios "solicitaron el beneficio y qué cobraron, personas que utilizaron el DNI de otro y giraron el dinero a cuenta de terceros y si existen solicitudes duplicadas con el mismo DNI"

El primer elemento a investigar es que el propio sistema de Anses debió haber rechazado las solicitudes de estas personas, habida cuenta de que todas cuentan con un sueldo en blanco, y el beneficio fue dispuesto exclusivamente para quienes no lo tuviesen.

La causa había sido abierta por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, quien luego dispuso entregar todo lo actuado al fuero federal y ponerse a su disposición. "Tomé esa decisión en el entendimiento de que podría haber personas dentro de Ansés que hayan permitido esta situación", refirió Simesen al canal A24. "Entre los involucrados que pidieron el beneficio, se les otrogó y lo cobraron hubo explciaciones que no me cierran: desde que era para dárselo a familiares que no podían acceder, o para la compra de bolsones de comida. Esos no eran los fines para los que se dispuso el IFE, claramente",  explicó la fiscal, quien añadió que también se han verificado casos de funcionarios que pidieron el beneficio y el sistema se los rechzó, con lo cual en esos casos el delito imputado quedaría en estado de tentativa, con una pena menor que si se hubiera concretado. Otros de los imputados aseguran no haber hecho trámite alguno y especulan con que otras personas habían usado sus datos de manera apócrifa o bien se valieron de números de documentos gemelos. Nuevamente, esa excusa no sería sustentable dado que el sistema debería rechazar los DNI de todos quienes tienen un empleo registrado.

Los casos en Jujuy

Por otro lado, el titular de la Anses en JujuyAdrián Mendieta, quien asumió al cargo a mediados de mayo, también solicitó el cobro del IFE, lo cual le fue rechazado. Ante la repercusión negativa de la noticia, el funcionario dio su explicación a través de un video en sus redes sociales. "Asistimos a un montón de personas para poder cargar el IFE, y yo como otros compañeros pusimos a modo de prueba nuestros DNI para ver cómo impactaban en el sistema, y cómo era el rechazo de una carga. Esto fue necesario para explicar a mucha gente que ingresaba y no sabía cómo continuar la carga (de datos)", justificó Mendieta, quien anteriormente se desempeñó como intendente de la ciudad de El Carmen y fue precandidato a gobernador provincial, además de integrar la Liga de Intendentes en Jujuy.

En tanto, un concejal justicialista de la localidad de Caimancito también solicitó el IFE y le fue otorgado y acreditado ya hace unos días.

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