El juez federal Daniel Rafecas defendió este jueves ante la Comisión de Disciplina y Acusación  del Consejo de la Magistratura su decisión de rechazar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Rafecas se presentó a la audiencia y leyó un escrito en el que asegura que su decisión “no era algo antojadizo ni  novedoso”, sino que responde a “una postura uniforme” que tomó en otras ocasiones similares, según publicó la agencia NA.

En este sentido, destacó que también determinó que había “inexistencia de delito” en otras causas que estuvieron a su cargo, como la acusación contra el actual jefe de Estado, Mauricio Macri, y su vicepresidenta, Gabriela Michetti, por presunta administración fraudulenta a raíz de la firma de un Memorándum que hicieron con las autoridades de Qatar para avanzar en obras de infraestructura, cuestionado en su momento porque  involucraría a fondos de la ANSES.

“Lo cierto es que me deberían investigar también por estos  otros fallos en los que tampoco había pruebas de que se haya cometido un delito”, sostuvo el juez ante los consejeros.

Rafecas fue convocado por el organismo a raíz de una denuncia  realizada años atrás por la diputada Elisa Carrió, quien consideró que el magistrado incurrió en mal desempeño en sus  funciones al decidir rechazar la denuncia realizada por Nisman.

Además, el juez está sospechado de realizar una serie de  llamadas amenazantes al actual diputado oficialista Waldo Wolff para reclamarle que dejara de cuestionarlo en los medios de comunicación por la determinación que tomó en torno al caso contra la entonces mandataria nacional y varios de sus funcionarios.

Justamente, en la madrugada de este jueves fue pedido el desafuero y la detención de Cristina Kirchner por esa misma causa y se decretó además la prisión preventiva del ex secretario Legal  y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y del dirigente piquetero Luis D’Elia
   
Así fue decidido por el juez Claudo Bonadio, que instruye la denuncia contra los imputados tras la reapertura ordenada en diciembre del año pasado por la Cámara de Casación.
 
Puntualmente, en este expediente se investiga si hubo un intento de encubrimiento del atentado a la mutual judía detrás de la firma del Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de  Cristina Kirchner y la República Islámica de Irán para proteger a ciudadanos de ese país, acusados de participar del ataque.