Este martes el Gobierno de Estados Unidos publicó el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 2020 en el mundo, en el que consideró que funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales de Argentina “participaron en prácticas corruptas con impunidad” y en el que se sostiene que en nuestro país se "cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”.

En el informe, que fue presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken en la Casa Blanca, se aseguraba que “las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción” por parte del gobierno de Alberto Fernández, y que, a pesa de que la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios", "múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley”.

Además de las investigaciones por corrupción, el documento difundido por el Departamento de Estado remarca que en nuestro país hubo "homicidios arbitrarios e ilegales", en referencia al asesinato de Facundo Astudillo Castro a mitad del año pasado.

El apartado sobre " Corrupción y falta de transparencia en el gobierno", realizado por el gobierno "yanqui".

En cuanto al Poder Judicial, el informe critica el accionar de la Justicia, que lo califica de lento y subraya que "los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetaron la independencia y la imparcialidad judiciales". En ese sentido, consideró que el sistema tenía "demoras prolongadas" y  "atascos procesales" en el nombramiento de jueces. 

Por último y como punto positivo, el documento estadounidense destacó la libertad de prensa en nuestro país, aunque advirtió que “hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas”.

Punto por punto el informe sobre el estado de los derechos humanos en el 2020 en Argentina 

 

Derechos humanos

 

En el capítulo dedicado a la integridad de las personas, el documento, afirmó que “hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”.

“El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires. Una organización no gubernamental (ONG) nacional informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. Ambas organizaciones afirmaron que las investigaciones sobre la violencia policial y el uso de fuerza letal en la provincia fueron limitadas”, advirtió.

En el caso de la Defensoría del Pueblo Penitenciario (PPN), un organismo gubernamental independiente que monitorea las condiciones carcelarias, cita el reporte de “427 casos de tortura o maltrato en 2019. Hasta junio, había registrado 87 casos”, apuntó.

El apartado en que el gobierno estadounidense analiza el accionar del Argentina en referencia a los derechos humanos.

También alertó que “hubo informes de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre durante el año” y entre los casos menciona al de Facundo Astudillo Castro, que “desapareció el 30 de abril mientras hacía autostop aproximadamente a 120 kilómetros de su casa a Bahía Blanca, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena COVID-19″.

Según el informe, en la relación entre Fuerzas de Seguridad y Derechos Humanos "en general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19″.

Mujer

En la nueva sección sobre los derechos de la mujer, el informe destacó que "la violación de hombres y mujeres, incluida la violación conyugal, es un delito. Las penas oscilan entre seis meses y 20 años de prisión, según la edad del agresor y la víctima, su relación y el uso de la violencia, entre otros factores", indicó.

"La mayoría de los perpetradores recibieron penas de entre seis y 15 años de prisión. Hubo informes anecdóticos de reticencia policial o judicial a actuar en casos de violación; Los defensores de los derechos de las mujeres alegaron que las actitudes de la policía, los hospitales y los tribunales hacia las sobrevivientes de violencia sexual a veces las volvieron a victimizar, a menudo obligándolas a contar detalles de su trauma, confundiendo el silencio con el consentimiento o admitiendo como evidencia su historia sexual pasada", advirtieron en el comunicado.

 

Corrupción y falta de transparencia

 

En el capítulo dedicado a la corrupción en el país, el informe cita las investigaciones “contra figuras políticas en ejercicio y ex de alto rango, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri”.

En el caso de Muricio Macri, el informe advierte sobre las investigaciones por el supuesto espionaje ilegal durante su gobierno.  "Los miembros de AFI fueron acusados de haber monitoreado ilegalmente las actividades y comunicaciones privadas de políticos (tanto de los partidos gobernantes como de la oposición), periodistas, líderes sindicales y figuras religiosas. La investigación continuó hasta noviembre", describe.

Entre la causas de "los cuadernos" contra la vicepresidenta, el informe sostuvo que las autoridades “fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $ 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre”.

También advirtió que “la corrupción ocurrió en algunas fuerzas de seguridad”. Y precisó: "los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la promoción de la prostitución. También fueron frecuentes las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales”.

Libertad de prensa

 

El informe estadounidense  aseguró que “la constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, y el gobierno en general respetó este derecho. Una prensa independiente y un sistema político democrático se combinan para promover la libertad de expresión, incluida la prensa”, indicó.

“Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones”, prosiguió el reporte, aunque advirtió que “hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas”.

Además, el informe aseguró que el gobierno respetó la libertad en internet, la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. En el marco de la pandemia y las medidas restrictivas, mencionó las “protestas antigubernamentales a gran escala en Buenos Aires y en todo el país” que “se llevaron a cabo sin incidentes”.

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