La reforma a la Ley de Competencia fue aprobada por la Cámara de Senadores y en una nueva etapa la Cámara baja deberá, cuando la vuelva a debatir, aceptar los cambios del Senado o insistir en la sanción original.

El proyecto fue aprobado por 50 a 8 votos y la iniciativa fue apoyada por el oficialismo y el interbloque Argentina Federal, mientras que fue rechazada por el Frente para la Victoria. 

La reforma busca sancionar a los responsables de la monopolización de precios y dar amparo a quienes los denuncien.

Además, prohíbe “todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado” y contempla sanciones a quienes realicen “dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder como consecuencia de los mismos”.

Los castigos van desde el cese de las conductas hasta las multas con criterios que tendrán en cuenta el volumen de negocios y la gravedad de la infracción cometida, mientras que la sanción más grave es la suspensión del registro nacional de proveedores del Estado.

El proyecto también crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo autárquico, descentralizado, encargado de ejercitar el control y establecer las sanciones.

La Autoridad crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con cinco miembros y dos secretarías: la de Conducta Anticompetitiva y la de Concentraciones Económicas.

El proyecto deberá volver a Diputados en segunda revisión porque el Justicialismo, en acuerdo con Cambiemos, introdujo modificaciones.

En principio, se modifica el artículo 23 que establece que la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia debe tener acuerdo del Senado.

El proyecto original establecía que, si en sesenta días la Cámara alta no se expedía, quedaban firmes los postulados por el Poder Ejecutivo.

Otro de los cambios que se introdujo es eliminar del artículo 33 la creación de una Tasa que deberían pagar quienes inicien trámites en el Tribunal.

“Cuando las empresas, en lugar de competir, se ponen de acuerdo, se forman los carteles y eso claramente perjudica el interés económico general”, mencionó la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la oficialista Inés Brizuela y Doria.

La representante de La Rioja aseveró que “cuando se excluye del mercado a los más pequeños los precios suben, la calidad de los bienes y servicios bajan, los consumidores tienen limitada su capacidad para elegir y desaparece la posibilidad de innovación”.

A su turno, el peronista chubutense Mario País elogió el proyecto y, tras explicar los cambios que se le introdujeron al dictamen original, opinó que “el mercado debe ser regulado, no asfixiado, para evitar conductas que afecten contra la actividad económica”.

La ultrakirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó duramente la política de importaciones de productos de consumo diario y opinó que “esta ley es a pedido de la OCDE, al cual no pertenecemos”.

“Esto no generará ningún beneficio para evitar la concentración económica ni para garantizar los derechos de usuarios y consumidores”, añadió.

El oficialista sanjuanino, Roberto Basualdo, opinó que la nueva Ley de Defensa de la Competencia es “espectacular. Esta Ley es fundamental para el crecimiento de nuestro país. La estábamos reclamando todos. Esto para nosotros es muy bueno”, dijo el legislador y defendió las importaciones del gobierno “para competir con las empresas que tienen el setenta por ciento del mercado”.

El macrista porteño Federico Pinedo opinó que “la competencia es la regla moral del capitalismoEl capitalismo sin reglas es depredación”, insistió el presidente Provisional del Senado y agregó: “Nosotros logramos un treinta por ciento menos de precio en la obra pública e hicimos un cincuenta por ciento más de obras. Había cartelización en la obra pública ¿Y nadie lo sabía?”.

Por su parte, el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, anunció que el peronismo iba a “acompañar el proyecto que viene de Diputados y que contempla una tríada de leyes que tienen que ver con un compromiso del gobierno nacional frente a la OCDE”.

Además, dijo que Diputados estaba obligado a aceptar los cambios introducidos por el Senado, en particular, el acuerdo de la Cámara alta para designar a los integrantes del Tribunal.

El presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo que “alinearse con el mundo y asumir esta nueva realidad significa no aislarse”.

“Recuperar la credibilidad no es un tema menor. Requiere coherencia y acompañamiento, como lo tenemos de parte de oposiciones responsables. Y exige saber escuchar”, resaltó.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "esta ley no es para la defensa de la competencia, es porque la OCDE la está reclamandoSi el Gobierno nacional considera que quiere ingresar en la OCDE no me parece mal, pero digamos la verdad".