Ampliaron la denuncia por irregularidades en la audiencia de la Ley de Glaciares
Legisladores de la oposición presentaron nuevas pruebas sobre la supuesta falta de transparencia y el cierre arbitrario de la lista de oradores en el Congreso.
Un grupo de legisladores de la oposición amplió la denuncia por irregularidades durante la Audiencia Pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
El cuestionamiento se centra en la restricción de la participación ciudadana y la alteración de las condiciones establecidas para el encuentro legislativo.
El documento presentado incorpora nuevos hechos que, según los denunciantes, afectan la validez del proceso. Entre los puntos críticos se señala una falta de transparencia en la confección de los listados de expositores y modificaciones arbitrarias en el orden de las intervenciones durante la jornada.
Los legisladores advirtieron inconsistencias en la selección de los oradores. El reporte indica que personas que no figuraban en la nómina inicial seleccionada lograron intervenir en la audiencia, lo que generó reclamos sobre la equidad del mecanismo de participación previsto por el reglamento de la Cámara.
Dentro de estas intervenciones no programadas, se destacó la presencia de funcionarios pertenecientes al Ministerio de Minería de la provincia de San Juan. Esta situación derivó en críticas sobre la imparcialidad del proceso, al considerar que se otorgó prioridad a sectores por sobre otros actores de la sociedad civil inscriptos previamente.
Otro eje de la denuncia consiste en el cierre anticipado de la instancia de debate. Según consta en el acta de impugnación, el diputado Nicolás Mayoraz dio por finalizada la audiencia mientras aún existían participantes registrados pendientes de hacer uso de la palabra, lo que constituye una infracción a las normas de funcionamiento de las audiencias públicas.
La interrupción del evento provocó que varios expositores que aguardaban en las inmediaciones del Congreso ingresaran para reclamar su derecho a intervenir.
El debate sobre la Ley de Glaciares
La normativa vigente establece presupuestos mínimos para su protección, y cualquier modificación en su tratamiento legislativo impactará en la seguridad hídrica de diversas regiones del territorio argentino.
Los glaciares cumplen una función esencial en la regulación de las cuencas hídricas. Su degradación o alteración antrópica afectaría la estabilidad de los ecosistemas locales y la disponibilidad de recursos para las comunidades que dependen del escurrimiento natural de las altas cumbres.
En tanto, la presión de las actividades extractivas e industriales sobre las zonas periglaciares -uno de los ítems que se mencionan en la modificación que impulsa el Gobierno- puede incrementar los riesgos ambientales. Por este motivo, la transparencia en los procesos de reforma legislativa es un tema sensible.
La denuncia presentada por la oposición enfatiza la necesidad de establecer reglas claras y acceso equitativo para evitar cuestionamientos que paralicen la actividad legislativa o generen desconfianza pública.

