El empresario cripto Mauricio Novelli, uno de los organizadores de la memecoin $LIBRA, solicitó a la Cámara Federal que ratifique el apartamiento de cinco inversores como querellantes en la causa judicial. 

En la presentación patrocinada por el abogado Daniel Rubinovich, el imputado afirmó que quienes compraron el activo "no fueron estafados", sino que asumieron voluntariamente los riesgos de un mercado especulativo. 

Asimismo, desvinculó de responsabilidades al presidente Javier Milei por su publicación en la red social X.

Rechazo al rol de querellantes y argumento sobre el riesgo financiero

La defensa presentó el escrito ante la Sala I del tribunal de alzada con el objetivo de validar lo resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había apartado del expediente a los ahorristas. 

Según el escrito, los particulares pretenden "transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria", sosteniendo que el Código Penal argentino no sanciona la volatilidad ni las malas decisiones de inversión en mercados no regulados.

En relación a la participación del jefe de Estado, la defensa calificó de "jurídico-penalmente irrelevante" el mensaje publicado y luego eliminado por Javier Milei el 14 de febrero de 2025. 

El letrado remarcó que se trató de un pronunciamiento político sobre un emprendimiento privado que no prometía rentabilidad ni contaba con respaldo estatal.

Impacto en la causa judicial y nexos en la investigación

De confirmarse el fallo de la Cámara Federal, la acusación quedará concentrada de forma exclusiva en el fiscal federal Eduardo Taiano, lo que limitará la capacidad de los particulares para solicitar medidas de prueba o pedir citaciones a indagatoria. 

El tribunal que debe resolver la situación procesal está compuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

El expediente judicial incluye antecedentes sobre la vinculación de Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy con el desarrollo del proyecto junto al empresario Julian Peh. 

Asimismo, la instrucción incorporó peritajes telefónicos que registraron comunicaciones con la secretaria general Karina Milei y el asesor Santiago Caputo durante los días previos al colapso de la criptomoneda.