La denominada "Ley de Propiedad Privada", también conocida como "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", se perfila como el próximo gran debate en el Senado de la Nación Argentina, que la tiene en agenda para la sesión prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto.

La Cámara alta debatirá la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional que propone eliminar restricciones para la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros. 

En paralelo, también se pondrá en discusión el denominado Súper RIGI, un esquema de incentivos orientado a captar grandes inversiones en sectores estratégicos de alta tecnología.

Para el día del tratamiento se esperan movilizaciones en distintos puntos del país, con epicentro en las inmediaciones del Congreso.

La Ley de Propiedad Privada será debatida en el Senado el 6 de agosto: los detalles

Durante la primera semana del mes, el oficialismo buscará avanzar con la aprobación del proyecto en la sesión convocada para el jueves al mediodía, al tiempo que intentará profundizar el debate en comisión del Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei y tiene como uno de sus principales impulsores al ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger. El proyecto apunta a "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.

Entre los ejes centrales de la propuesta se destacan:

• El refuerzo del derecho a la propiedad privada, limitando la capacidad del Estado para expropiar bienes y ampliando las compensaciones a los propietarios.
• Los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no podrán adquirir tierras, salvo que cuenten con autorización tanto de la provincia correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional.
• Otro punto clave es la agilización de los desalojos, con menos requisitos y restricciones, junto con una flexibilización en la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. 
• Además, el proyecto introduce cambios en normativas ambientales y territoriales, reduciendo ciertas protecciones tras incendios (especialmente fuera de bosques nativos) y modificando las reglas sobre el uso del suelo.

Reunión del oficialismo para garantizar el quórum

A pesar de que en el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios, el Gobierno convocará a una reunión clave con bloques aliados el miércoles 5 de agosto para asegurar el quórum y evitar imprevistos durante la sesión.

En la Casa Rosada consideran además como un factor favorable que la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá el debate, ya que estará a cargo del Poder Ejecutivo. En su lugar, la sesión será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lo que evitaría la necesidad de recurrir a un eventual voto de desempate.

El proyecto llega al recinto tras intensas negociaciones internas, en las que el Gobierno logró unificar posiciones entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Sturzenegger, quienes habían manifestado diferencias sobre algunas modificaciones incorporadas en versiones previas del texto.

Desde el oficialismo confían en alcanzar el dictamen con el respaldo de los bloques aliados que ya acompañaron la iniciativa en Diputados. 

Ley de Propiedad Privada: se convocan movilizaciones sociales en todo el país en rechazo a la venta de tierras a extranjeros

En paralelo al debate legislativo, organizaciones sociales, sindicales y políticas ultiman los preparativos para una protesta masiva el mismo 6 de agosto, en rechazo a la iniciativa.

La convocatoria tendrá su principal concentración frente al Congreso, donde se espera la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a agrupaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, ambientales y comunidades indígenas.

Bajo la consigna "La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja", los sectores convocantes buscarán visibilizar su rechazo a la flexibilización en la venta de tierras y a los cambios en las regulaciones ambientales.