La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de frenar el decomiso de bienes ordenado en el marco de la causa Vialidad.

El planteo judicial, articulado por su defensa técnica, apunta de forma específica a bloquear la ejecución y el desapoderamiento de las propiedades a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que la medida lesiona derechos constitucionales básicos.

La presentación directa ante el Máximo Tribunal se concretó este lunes tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. 

La exjefa de Estado se encuentra cumpliendo una condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su propiedad de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los argumentos de la defensa contra la ejecución

El escrito judicial, elaborado por el abogado defensor Carlos Beraldi, cuestiona con dureza los criterios normativos aplicados por el Tribunal Oral Federal 2 para autorizar el recupero de activos a favor del Estado.

El letrado sostuvo en la presentación que "la primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva".

De acuerdo con el planteo de la defensa, las resoluciones previas incurrieron en una interpretación arbitraria de las leyes vigentes. 

El texto de queja afirma que "se llevó a cabo una exégesis extensiva del instituto del decomiso, contraria a la literalidad del artículo 23 del Código Penal y los propios precedentes del TOF 2 y la Cámara Federal de Casación", objetando que "se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito".

El patrimonio familiar en juego y la postura penal

El conflicto centralizado en la Corte Suprema abarca un lote de 19 propiedades -que incluyen departamentos, casas en Río Gallegos y fracciones de terreno en el Lago Argentino, dentro de la provincia de Santa Cruz- que los hijos de la exmandataria recibieron mediante herencia de Néstor Kirchner o por cesión de derechos en 2016. 

La defensa insiste en que dichos inmuebles fueron adquiridos con anterioridad al período de los hechos investigados y con fondos de origen legal comprobable.

En la vereda opuesta, los jueces de las instancias anteriores han convalidado que el decomiso -cuyo monto global actualizado asciende a más de $684.000 millones e incluye activos del empresario Lázaro Báez- puede alcanzar legalmente a bienes en posesión de terceros no condenados cuando estos hayan sido transferidos a título gratuito o por vía sucesoria. 

Ante este escenario, la queja directa representa la última instancia de la defensa para evitar que el Estado tome posesión definitiva de las propiedades familiares.