El Gobierno nacional analiza diversas alternativas judiciales para evitar la ejecución de una sentencia por 390 millones de dólares tras la confirmación emitida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en el caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

A través de la Procuración del Tesoro Nacional, encabezada por Sebastián Amerio, el Estado busca frenar las medidas de cobro derivadas de la demanda presentada por la firma Titan Consortium 1 LLC, cesionaria de los derechos del Grupo Marsans.

Las estrategias judiciales de la Procuración del Tesoro

Fuentes oficiales confirmaron que, si bien el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se encuentra firme, el país apelará a recursos excepcionales dentro de la jurisdicción estadounidense para frenar la ejecución.

Entre las vías legales en análisis figura la presentación de un rehearing en banc, recurso que solicita una nueva revisión del fallo por parte del pleno de los jueces de la misma Cámara de Apelaciones. 

Asimismo, el Ejecutivo no descarta recurrir en última instancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

"Estamos analizando alternativas, aún no hay nada definido", confiaron fuentes de la Procuración del Tesoro Nacional.

Paralelamente, la defensa argentina prevé solicitar la suspensión cautelar de los efectos de la sentencia mientras se tramiten los recursos planteados. El objetivo de la medida es evitar embargos o ejecuciones sobre activos del Estado argentino en el exterior.

El origen de la deuda por la estatización

La controversia legal se remonta al proceso de reestatización de las aerolíneas de bandera concretado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. 

A diferencia de otros litigios tramitados en tribunales ordinarios, las firmas extranjeras canalizaron su reclamo en la sede arbitral del CIADI.

El pasivo demandado asciende a 390 millones de dólares calculados a diciembre de 2024, suma a la que deberán añadirse los intereses acumulados. 

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que la responsabilidad de pago recae sobre el Estado nacional y no sobre la operatividad de Aerolíneas Argentinas.

Desde el oficialismo cuestionaron la herencia de juicios millonarios generados por políticas de estatización anteriores, estimando en más de 30.000 millones de dólares los reclamos globales contra el país. En ese marco, la estrategia oficial apunta a demorar la ejecución o negociar las condiciones de pago.