El presidente Javier Milei habilitó este jueves una modificación en la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el objetivo de endurecer las condiciones de ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros en la Argentina.

La medida, que fue oficializada esta madrugada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, en el Boletín Oficial, incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país.

Además, el DNU habilita la cancelación de la residencia de quienes promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por motivos de nacionalidad, así como de quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

Qué establece el DNU 681/2026

La modificación incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones, permitiendo rechazar el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes de odio de forma oral o escrita, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad.

La restricción también alcanza a quienes hayan realizado, participado o promovido actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales. En esa línea, el decreto modifica el artículo 62 para establecer que esas mismas conductas serán motivo suficiente para cancelar la residencia de un extranjero que ya se encuentre en el país.

La nueva normativa también modifica el artículo 63 de la Ley de Migraciones. En caso de cancelación de la residencia, las autoridades podrán intimar al extranjero a abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado o disponer su expulsión, considerando las circunstancias particulares de cada caso.

El Gobierno justificó la medida

A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno afirmó que la decisión responde a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la Argentina y sostuvo que la protección de los ciudadanos y de los símbolos nacionales constituye una prioridad.

"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", expresó el comunicado oficial.

En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo argumentó que aumentaron los mensajes de odio y los actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, y sostuvo que estas conductas afectan la convivencia social y el orden público.

Por su parte, en la normativa se aclara expresamente que las nuevas causales no alcanzan a las expresiones de disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas realizadas en el ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional.

Con esta modificación, el Gobierno busca fortalecer el marco legal para actuar frente a conductas que considere incompatibles con la permanencia de extranjeros en el país, manteniendo como límite el respeto a la libertad de expresión y a las garantías constitucionales.