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El Gobierno reglamentó el pago de extranjeros no residentes y Salta muestra los números de su política pionera

La Resolución 1066/2026 alcanza a quienes no tienen residencia permanente y mantiene garantizada la atención de urgencias. En Salta, que aplica el esquema desde 2024, las atenciones a no residentes pasaron de 31.561 en 2023 a 10 en lo que va de este año, según datos provinciales.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó este martes el cobro de la atención médica no urgente a los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina. La medida se instrumentó a través de la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro Mario Lugones y publicada en el Boletín Oficial, y reglamenta los cambios que el DNU 366/2025 introdujo en la Ley de Migraciones. El nuevo régimen comienza a regir desde el 12 de agosto.

El procedimiento alcanza a los establecimientos administrados por el Estado nacional y contempla dos alternativas para quienes no tengan residencia permanente: si el paciente cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturar el costo a la aseguradora; si no tiene cobertura, deberá abonar la prestación antes de recibir la atención. La norma mantiene una excepción central: en casos de emergencia o riesgo vital no podrá negarse ni demorarse la asistencia a ninguna persona, cualquiera sea su situación migratoria. Los extranjeros con residencia permanente seguirán accediendo al sistema en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.

Salta, la provincia que abrió el camino

La resolución nacional recoge un criterio que ya venían aplicando varias jurisdicciones. La primera fue Salta, que en febrero de 2024 dispuso el arancelamiento mediante el DNU provincial 129, luego convertido en la Ley 8.421. El esquema salteño alcanza a los residentes transitorios y precarios y, al igual que la norma nacional, garantiza la atención de urgencias.

Según datos del Ministerio de Salud provincial, las atenciones a extranjeros no residentes pasaron de 31.561 en 2023 a 77 en 2024 y a 10 en los primeros siete meses de este año. El gobierno de Gustavo Sáenz atribuyó a la medida la reducción de los denominados "tours sanitarios" -traslados programados desde países limítrofes para atenderse sin costo- y sostuvo que el ahorro permitió redirigir fondos al sistema, con la compra de 34 ambulancias e insumos hospitalarios. "Ahora tenemos camas para nuestros pacientes", resumió el ministro salteño Federico Mangione.

Una política replicada y un debate abierto

Tras Salta, otras jurisdicciones adoptaron esquemas similares -entre ellas Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires-, y el presidente Javier Milei había anticipado la extensión del cobro a nivel nacional. La discusión, sin embargo, no está saldada. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, relativizó el impacto de la medida al señalar que la atención a extranjeros representa alrededor del 2% del total de prestaciones, mientras que distintos especialistas y organizaciones advierten sobre el principio de gratuidad de la salud pública y la reciprocidad con los países vecinos. Con la Resolución 1066/2026, ese criterio queda ahora unificado para todos los hospitales nacionales.

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