El oficialismo pudo este miércoles emitir dictamen de comisión al proyecto de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados gracias al acompañamiento de sus habituales aliados. La iniciativa podría tratarse en el recinto en una sesión que se convocaría para el 26 de agosto.

La Libertad Avanza (LLA) logró el respaldo del PRO y la Unión Cívica Radical, entre otros sectores de la denominada oposición dialoguista, tras aceptar modificar la iniciativa y establecer una prohibición para que los funcionarios de los tres poderes no puedan acceder a los beneficios establecidos en la propuesta.

La decisión se adoptó en el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, luego de concluir con la ronda de consultas a funcionarios y especialistas. Firmaron el dictamen de mayoría 44 legisladores integrantes de los bloques LLA, PRO, UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo, entre otros espacios.

Funcionarios no podrán acceder el régimen

El Régimen de Inocencia Fiscal se aprobó hace siete meses pero el Gobierno de Javier Milei plantea cambios en busca de lograr ampliar la base de contribuyentes que ingresen los dólares adquiridos en el sistema informal. Entre las modificaciones se eliminan los topes de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio para poder ingresar al régimen simplificado de Ganancias.

El proyecto original no contemplaba una exclusión específica para los funcionarios públicos pero el tema tomó mayor relevancia tras el escándalo que tiene como protagonista al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes en junio de 2026 se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada, una situación que generó nuevos cuestionamientos y sospechas.

En este marco, el oficialismo accedió al pedido de la oposición y determinó la exclusión total de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal. Si bien podrán hacer uso del sistema simplificado como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, no podrán gozar de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.

"Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable", subrayó Rodríguez Machado durante el debate.