La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó irregularidades en la gestión de un crédito internacional cuyo destino original era para subsidios energéticos.

El organismo de control aprobó un documento de 38 páginas sobre el proyecto de transición hacia un sector eléctrico sostenible en Argentina.

El texto detalla una serie de observaciones dirigidas al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, por inconsistencias en la ejecución y en los controles de un crédito internacional.

La AGN hizo hincapié en la falta de soporte documental que respalde el uso y el seguimiento de 200 millones de dólares. 

Este monto forma parte de un crédito de 500 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), institución que integra el Banco Mundial. 

La administración de estos recursos está a cargo de la Secretaría de Energía, bajo la órbita de la cartera económica. En tanto, el programa bajo análisis tiene como propósito optimizar la asignación de subsidios a la energía eléctrica mediante la mejora de los sistemas de focalización. 

Entre sus metas se encuentran la actualización de los registros nacionales y subnacionales, la incorporación de hogares vulnerables a las bases de datos, la corrección de errores de inclusión y exclusión, y la gestión de asistencia ante contingencias externas. 

Las distribuidoras eléctricas EDENOR S.A. y EDESUR S.A. fueron las firmas seleccionadas por el Estado para la implementación de la iniciativa, cuyo vencimiento final está programado para el 31 de diciembre de 2028. 

El análisis de la AGN comprendió el período transcurrido entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, evaluando la documentación entre abril y julio de 2025, lapso en el que se constató que la ejecución alcanzaba el 41% del total del préstamo. 

Una de las principales observaciones señaladas por la entidad auditora es el marco regulatorio del proyecto. "Al cierre del ejercicio auditado no se encuentra aprobado el Manual Operativo del Programa previsto en el Contrato de Préstamo", destaca el informe.

A pesar de que el BIRF dio por cumplidas las condiciones de vigencia el 2 de diciembre de 2024 y transfirió los 200 millones de dólares a la Tesorería General de la Nación el 11 de diciembre de ese año, la AGN detectó la falta de instrumentos administrativos básicos. Según el informe, "se señala que al cierre del ejercicio auditado aún no se contaba con la siguiente documentación relativa a la operación del Programa: Manual Operativo (MOP con no objeción del BIRF); POA y Plan de Adquisiciones con no Objeción del BIRF y cuentas bancarias abiertas con sus firmantes autorizados para su manejo". 

El entrecruzamiento de datos sobre las liquidaciones de las distribuidoras privadas también presentó inconsistencias. En el informe se detalló la "falta de documentación donde consten los criterios usados en el proceso realizado para justificar el desembolso de USD 200 millones, y se tomara una extracción del sistema SGUER, por el periodo diciembre 2023 a julio 2024 (según fecha de emisión de factura) por Distribuidora EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para los usuarios identificados como N2, y si cuenta con no objeción del BIRF". 

Ante estos señalamientos, el Ministerio de Economía argumentó que la responsabilidad operativa del resguardo de los datos correspondía a las empresas concesionarias. La respuesta oficial indicó que "las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que fueron seleccionadas, contaban con la información consolidada y estaba disponible al momento de la presentación". 

Debido a que el descargo no modificó el criterio del organismo de control, se ratificó la recomendación de "incorporar a cada solicitud de desembolso la totalidad del sustento documental de la justificación del mismo". 

Por otro lado, el informe de la AGN también expuso fallas de coordinación interna en el área tecnológica de la Secretaría de Energía, y en la gestión del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), la base de datos utilizada para segmentar las tarifas según los ingresos de los usuarios. 

Los auditores indicaron la falta de "una efectiva interacción entre la Secretaría de Energía (representada por la Dirección de Información Energética -DIE-) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIyC), en relación a la administración del sistema RASE". 

A esta situación se sumó una advertencia sobre la infraestructura informática disponible para el procesamiento de los datos de los usuarios subsidiados. El organismo reportó la "inexistencia de un Ambiente de Desarrollo y Mantenimiento de las tareas informáticas que realiza la Dirección de Información Energética, vinculadas con el sistema RASE". 

Asimismo, la AGN remarcó la falta de herramientas de fiscalización para constatar el impacto real del beneficio en los hogares. El documento enfatizó la ausencia de un mecanismo de control en la Secretaría de Energía que permita verificar si el subsidio otorgado está siendo aplicado efectivamente en las facturas de los clientes. 

Por último, el equipo de auditoría señaló deficiencias en los registros de gastos, concluyendo que "no se pudo verificar la existencia de normas o procedimientos y/o cursogramas donde se detallen los circuitos de adquisiciones, contrataciones, pagos, registro contable", ante lo cual el Ministerio de Economía adujo que las observaciones se encontraban "en proceso de ajuste". 

Además, el organismo aclaró las limitaciones del procedimiento aplicado sobre las cuentas públicas energéticas, remarcando los alcances fijados por los organismos internacionales de crédito. 

A través del documento, la AGN puntualizó que "el requerimiento de auditoría efectuado por el prestatario no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan". 

Sin perjuicio de la salvedad sobre el alcance, el ente fiscalizador concluyó que las inconsistencias detectadas y plasmadas en el informe deben ser consideradas por las autoridades competentes con el objetivo de perfeccionar los mecanismos de control interno de la administración pública.