La Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves un recurso presentado por la expresidenta Cristina Kirchner, en su rol de querellante, mediante el cual exigía profundizar una investigación contra Federico Sturzenegger por la gestión de contratos de dólar futuro. 

El planteo involucraba al expresidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado en las operaciones de compra de moneda extranjera a término ejecutadas al comienzo del gobierno de Mauricio Macri. 

La decisión del máximo tribunal lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes determinaron la inadmisibilidad del recurso apoyados en el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación. 

La denuncia inicial fue presentada por legisladores kirchneristas en 2016, en la misma época en que la expresidenta fue convocada a prestar declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa principal sobre dólar futuro. 

En dicho expediente, Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli obtuvieron el sobreseimiento definitivo, resolución que la Corte Suprema ratificó. 

En la presentación imputaban a Sturzenegger por el delito de "defraudación a la administración pública", argumentando que los contratos se cancelaron utilizando los valores resultantes de la devaluación. 

Asimismo, en el documento cuestionaban la actuación del fallecido juez Bonadio por presuntamente favorecer la ejecución de dicho delito al convocar a indagatoria a la ex mandataria. El argumento principal de la querella sostenía que las medidas adoptadas por la gestión económica de entonces alteraron las condiciones originales de los contratos, generando un detrimento para el patrimonio estatal en beneficio de actores privados. 

En ese momento, el juez Sergio Torres dictó el sobreseimiento de Sturzenegger al concluir que su desempeño frente a la ejecución de los contratos financieros "se vio acotado al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo [precedieron], tanto en su cargo, como en el directorio de aquella sede crediticia". 

Bajo la óptica del magistrado de primera instancia, avanzar con la instrucción penal constituía una intromisión judicial sobre facultades de índole estrictamente política, al no registrarse extralimitaciones competenciales que justificaran la judiciabilidad del caso. 

Tras ser aceptada formalmente como parte querellante por la Cámara Federal, la ex vicepresidenta interpuso una apelación argumentando deficiencias en la investigación, pero la Sala I de dicho tribunal ratificó el sobreseimiento dictado originalmente. 

Ante esta resolución, la defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, interpuso un recurso ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual optó por rechazarlo, motivando la posterior interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema.