La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría agravarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. 

La medida se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y presuntos contratos irregulares en la TV Pública, vinculados al productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse.

El magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir el llamado a indagatoria. 

La causa se concentra principalmente en la relación entre Manuel Adorni y Marcelo Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un amigo cercano. 

La Justicia investiga si el productor costeó un viaje que el jefe de Gabinete realizó junto a su familia a Punta del Este a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario aseguró reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Marcelo Grandio, contradiciendo la versión oficial. 

Según consta en el expediente, el testigo afirmó: "El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio".

Cruces telefónicos y contratos bajo la lupa

En paralelo, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos y análisis de geolocalización entre los dispositivos de Marcelo Grandio, Manuel Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse. 

El objetivo es determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública.

Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen los ciclos "La caja de Pandora", "Giros en Línea Recta", "Enredados", "La Sala" y "Gritalo Mundial", este último conducido por el propio Marcelo Grandio.

El patrimonio y el uso de recursos públicos

La Justicia también investiga el patrimonio personal del jefe de Gabinete, con foco en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. 

De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario, parte de las cuales se habrían realizado sin facturación formal. 

Para los investigadores, los ingresos declarados por el funcionario no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados.

Por último, el expediente analiza la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al barrio privado donde reside el ministro. 

La hipótesis judicial es que, de comprobarse que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a sus funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.