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La Justicia ratificó la cautelar que ordena al Gobierno a cumplir con el financiamiento universitario

La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la vigencia de la medida cautelar a favor de las universidades nacionales luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Ejecutivo. De este modo, el Gobierno deberá actualizar salarios docentes, no docentes y garantizar los fondos para becas estudiantiles.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con parte de la Ley de Financiamiento Universitario

El nuevo fallo llega luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional, dejando firme la resolución que beneficia a las universidades públicas.

Con esta medida, la Cámara resolvió que quedó sin efecto la suspensión de la ejecución de la cautelar, al considerar que el único fundamento que la sostenía desapareció tras la decisión del máximo tribunal. A su vez, el expediente fue remitido nuevamente al juzgado de primera instancia para avanzar con el cumplimiento efectivo de la medida.

La medida mantiene vigente la obligación de actualizar los salarios y becas mientras avanza el juicio por la normativa aprobada en el Congreso.
La medida mantiene vigente la obligación de actualizar los salarios y becas mientras avanza el juicio por la normativa aprobada en el Congreso.

Ante esta decisión, la resolución obliga al Estado nacional a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de garantizar los recursos destinados a las becas estudiantiles y otros programas académicos. La cautelar permanecerá vigente mientras la Justicia analiza el fondo de la causa.

En tanto, cabe señalar que el conflicto judicial comenzó después de que el Gobierno dictara el Decreto 759/25, a través del cual intentó condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada por el Congreso en 2025. 

Dicha normativa había sido vetada por el Poder Ejecutivo, aunque posteriormente fue ratificada por ambas cámaras con un amplio respaldo legislativo y el apoyo de movilizaciones impulsadas por la comunidad universitaria.

En junio, la Corte Suprema ya había rechazado el planteo del Ejecutivo y dejó firme la cautelar que ordena aplicar los artículos de la Ley 27.795 vinculados a la actualización salarial y al financiamiento de becas y programas estudiantiles. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El Gobierno había acordado hace unas semanas atrás un incremento del 24,33% para los salarios universitarios, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y también mayores partidas para hospitales universitarios, esos montos quedaron por debajo de lo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario. 

Con esta nueva resolución judicial, la cautelar continuará vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto entre el Estado nacional y las universidades públicas.

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