Gabriel Vega, padre de Agostina, la menor de 14 años víctima de femicidio en la provincia de Córdoba, presentó este martes un proyecto de ley ante la Legislatura provincial para promover la detección temprana de casos de abuso y violencia infantil.

La propuesta impulsa la creación del "Sistema Integral Agostina", orientado a la prevención, alerta, detección e intervención ante situaciones de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes (NNYA). 

La presentación del documento se realizó a más de tres meses del crimen de la adolescente, cuya causa cuenta con seis personas detenidas. 

Cómo es el proyecto de ley Agostina Vega

El objetivo principal de la normativa es establecer una red que anticipe la vulneración de derechos antes de que ocurran daños irreversibles en niños y adolescentes víctimas de abuso o violencia.

La iniciativa propone implementar un mecanismo de alerta y detección temprana. Este procedimiento se activaría a partir de indicadores  reportados en distintos ámbitos, evaluando los antecedentes para asignar el caso al organismo competente y evitar que problemáticas como el ausentismo escolar, el grooming o las conductas autolesivas queden sin seguimiento de alguna autoridad.

Asimismo, el proyecto contempla la facultad legal de los menores para solicitar auxilio institucional por cuenta propia. El texto reconoce su autonomía para denunciar situaciones de riesgo personal o que afecten a terceros, desarticulando el requerimiento de la intermediación de un adulto para habilitar la intervención estatal. 

Para instrumentar el acceso al sistema, el proyecto dispone la creación de la "Línea Agostina", un canal público de atención gratuita operativo las 24 horas. La vía de comunicación integrará telefonía, mensajería instantánea y plataformas digitales para la recepción de solicitudes de asistencia e interposición de alertas. 

En la órbita pedagógica, el marco normativo establece el "Programa Agostina en Escuelas". La currícula preventiva incluirá capacitaciones obligatorias sobre ciberseguridad, salud mental, prevención del suicidio, abordaje del abuso y adicciones, con el propósito de ofrecer herramientas al alumnado. 

Además, la norma establece la conformación de los "Gabinetes Agostina". Estas unidades interdisciplinarias tendrán a su cargo la recepción de testimonios, la orientación profesional, la evaluación inicial del riesgo y la posterior derivación a la autoridad correspondiente. 

Respecto a los casos de desaparición de niños y adolescentes, el texto impone un protocolo de búsqueda e intervención inmediata. La regulación elimina plazos mínimos de espera para iniciar las diligencias judiciales y policiales, obligando a una coordinación automática entre los órganos de seguridad y justicia. 

La iniciativa contempla además la creación del Registro Provincial de Restricciones de Contacto con Niños, Niñas y Adolescentes (NNYA). Este padrón será de acceso exclusivo para autoridades habilitadas y bajo protocolos de reserva de datos personales, con la función de verificar la vigencia de medidas cautelares dictadas por los tribunales. 

El alcance del sistema se extiende mediante protocolos obligatorios a instituciones deportivas y recreativas. Los clubes deberán designar un referente institucional capacitado para la aplicación de pautas de resguardo frente a indicadores de vulneración física o psicológica. 

En materia de adicciones, la ley propone un plan de evaluación interdisciplinaria no punitivo para casos de consumo problemático. El enfoque prioriza el acompañamiento de la salud integral de los menores por sobre medidas de carácter estigmatizante o disciplinario. 

En tanto, sobre el ámbito del Derecho de Familia, el proyecto exige la comunicación directa de las medidas de protección y de los antecedentes de riesgo entre los juzgados y los organismos, procurando dar continuidad a los procesos de seguimiento interinstitucional. 

La estructura incorpora el análisis de datos estadísticos y proyecta la labor coordinada entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), los ministerios de Educación, Salud y Justicia, el Ministerio Público Fiscal y los gobiernos locales. 

En tanto, la ejecución del proyecto de ley prevé una implementación gradual utilizando la infraestructura preexistente, articulándose con los parámetros fijados por la Ley Lucio a nivel nacional.