Cuando un pasajero sube a un colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y paga su boleto, está cubriendo apenas el 31% del costo real del viaje. El 69% restante lo aporta el Estado. Así lo refleja un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) que compara once sistemas de transporte urbano de América Latina y ubica al AMBA como el segundo con mayor subsidio estatal de la región, solo detrás de Ciudad de México.

En la capital mexicana, el Estado financia el 70% del boleto, que en dólares es el más barato de la muestra: USD 0,43. El boleto en el AMBA, según el mismo relevamiento, se ubica en USD 0,51. Por detrás aparecen Santiago de Chile (65% de subsidio), Santo Domingo (60%), Panamá (55%) y Bogotá (52%). En el otro extremo, San José de Costa Rica es el caso más atípico: el usuario paga prácticamente la totalidad del costo, con una participación del 99%.

Lo que reciben y lo que necesitan

El cuadro regional contrasta con lo que describen las propias empresas del AMBA. Según el Índice Bondi de Aaeta, en abril de 2026 las empresas recibieron en promedio $1.609 por cada boleto vendido -entre compensación estatal y tarifa de usuario-, pero el costo real de operar el servicio asciende a $1.923. La diferencia es una pérdida de $314 por cada viaje.

El boleto mínimo vigente para líneas nacionales es de $714 con SUBE registrada. Sin subsidios, ese mismo pasaje debería costar $2.125, más de tres veces el valor actual. A nivel del sistema completo, Aaeta estima un costo mensual real de $389.945 millones, unos $63.336 millones por encima de lo que reconoce la Secretaría de Transporte. Esa brecha, según el sector, se traduce en menos frecuencias, menor seguridad y postergación en la renovación de unidades.

Un debate que no cierra

El financiamiento del transporte en el AMBA lleva años en disputa entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Las tres jurisdicciones aplican criterios distintos para actualizar tarifas, lo que genera brechas crecientes entre los boletos según la línea.

Las empresas plantean dos salidas: que el Estado amplíe su aporte o que se autoricen aumentos de tarifa que acerquen el precio al costo real. Lo que el relevamiento deja en claro es que subsidiar el transporte urbano no es una particularidad argentina: es una práctica extendida en toda la región. La discusión, en cada caso, es quién paga la diferencia y cuánto.