El oficialismo del Senado decidió eliminar el capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y, en principio, que el resto del proyecto se debata mañana en una sesión pactada para las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. La definición se precipitó minutos antes de las 15, después de una cumbre que reunió a los sectores aliados con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que volvió a sufrir un traspié en su intento por ordenar los votos.

La caída del capítulo más polémico de la iniciativa se consumó tras un dominó de bajas que había arrancado el día anterior. Mientras Bullrich encabezaba una conferencia para anunciar nuevos cambios en la venta de tierras a extranjeros -el giro pasaba de liberar todo a actualizar el tope actual del 15% al 25%-, al menos cuatro legisladores sobre los que se presumía un voto positivo empezaron a dudar y negaron ante Infobae que la porteña los tuviera cerrados, como había insinuado ante la prensa.

Los gobernadores que se dieron vuelta

El desbande se profundizó por la mañana. Dos gobernadores por momentos cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa, anunciaron que se oponían al capítulo en cuestión. A eso se sumó una banca del PRO, que optó por despegarse de Bullrich al enterarse de que un radical de su misma provincia iba a rechazar el articulado. En conjunto, el cuadro derivó en un desorden imposible de salvar: la discusión había dejado de ser técnica para volverse, en un ciento por ciento, política.

Los artículos de la discordia

El texto que finalmente cayó mantenía la prohibición para que los Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en el país. El tratamiento era distinto para las personas jurídicas -empresas, uniones transitorias, agrupaciones de colaboración y demás vínculos asociativos- con participación estatal extranjera directa o indirecta: podían acceder a esas tierras solo si contaban con la autorización de la provincia donde estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se aclaraba que el Ejecutivo no podía delegar esa potestad en un funcionario de rango inferior a Secretario de Estado.

El corazón del capítulo era el límite: la titularidad de tierras rurales en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras no podía superar, en conjunto, el 25% de la superficie rural de cada provincia. El proyecto sumaba, también, una exigencia de registro: toda adquisición debía inscribirse en el registro inmobiliario provincial mediante un asiento especial que consignara los datos y la nacionalidad del comprador. En el caso de las empresas con participación estatal extranjera, había que adjuntar las autorizaciones de la provincia y del Ejecutivo nacional.

Qué pasa ahora

Con el capítulo más resistido fuera del temario, el oficialismo apuesta a que el resto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada consiga avanzar en la sesión de este jueves a las 14, la misma que quedó en suspenso tras el cuarto intermedio del mes pasado. Por ahora, el encuentro se sostiene, aunque la definición sobre las tierras deja en evidencia que el margen de Bullrich para conducir a los aliados sigue siendo estrecho.