La Cámara Federal porteña confirmó el desplazamiento de cinco inversores que solicitaban intervenir como querellantes en la investigación penal iniciada tras el desplome del token $LIBRA, un activo digital impulsado por Javier Milei a través de sus redes sociales.

En un fallo firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, el tribunal de alzada ratificó la medida dictada en primera instancia por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, argumentando que los denunciantes no lograron demostrar la existencia de un ardid o engaño típico que configure una estafa directa.

Falta de engaño directo y riesgos de mercado

La resolución judicial se dio al resolver un planteo impulsado por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, derivando en el alejamiento formal de los acusadores particulares Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo. 

Según el criterio del tribunal, las pérdidas patrimoniales expuestas corresponden al riesgo inherente a activos volátiles operados en mercados no regulados, más que a una maniobra defraudatoria atribuible a los imputados.

Los magistrados remarcaron que el uso de expresiones de la jerga financiera como "rug pull" o "insider trading" no resulta suficiente para fundamentar una estafa penalmente relevante en el marco de la tecnología blockchain. 

Asimismo, sostuvieron que los querellantes no identificaron la falsedad concreta que motivó su decisión patrimonial, diferenciando la desvalorización de un activo de alto riesgo de un desapoderamiento por engaño.

La investigación penal continuará su curso

Pese a la exclusión procesal de los damnificados, el tribunal aclaró que el fallo no implica el cierre del expediente ni exime de responsabilidad penal a los investigados. 

La decisión judicial se limitó de forma exclusiva a evaluar la legitimación procesal de los recurrentes para desempeñarse como acusadores particulares en la causa.

Frente a la confirmación de la Sala I, los representantes legales de los compradores afectados anticiparon que recurrirán a la Cámara de Casación con el objetivo de revertir el criterio fijado y recuperar el rol de parte querellante en la pesquisa.