Las familias argentinas se ven cada vez más afectadas por el endeudamiento y apelan al salvataje del crédito formal en un contexto de incremento en los niveles de morosidad en los pagos de impuestos, servicios y hasta la cuota de los colegios.

De acuerdo con un informe reciente, basado en 2.670 hogares y datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el Banco Central (BCRA), la deuda total de las familias asciende a $39 billones. De este monto, $32,1 billones corresponden a compromisos bancarios y $6,9 billones a financiamiento no bancario.

La composición del endeudamiento muestra un cambio de tendencia respecto a años anteriores. Mientras que en 2023 el 41,3% de los hogares acumulaba deuda bancaria, para inicios de 2026 esa cifra se elevó al 55,1%, de acuerdo al relevamiento de la consultora Focus Market. En contrapartida, el endeudamiento no bancario, que alcanzaba al 82,6% de las familias hace tres años, descendió al 59%. Esta reducción de la brecha indica un traslado del consumo hacia los canales formales de financiamiento.

Del mismo informe se desprende otro dato revelador: el stock de préstamos al sector privado representó en enero de 2026 el 13,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra representa más del doble del 5,2% registrado en diciembre de 2023. La liberación de recursos por parte del Estado, que disminuyó su absorción de fondos del sistema, junto con la desaceleración inflacionaria, facilitó que las entidades financieras volcaran mayor capital hacia el consumo privado.

Sin embargo, el volumen de la deuda por hogar también registró un crecimiento nominal y real. El promedio de deuda bancaria por unidad habitacional se sitúa en $5.702.809, lo que equivale a 3,46 salarios promedio según el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En 2023, este compromiso financiero representaba apenas 1,43 salarios, lo que evidencia una mayor carga sobre los ingresos familiares.

Préstamos

La contracara de este proceso es el marcado deterioro en la cadena de pagos. El ratio de irregularidad de la cartera total pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026. Este indicador mide la proporción de préstamos que presentan retrasos significativos o se consideran de difícil recuperación por parte de las entidades financieras.

Los préstamos personales registran los niveles más críticos de incumplimiento, con una tasa de irregularidad que escaló del 3,5% al 13,2%. Por su parte, la morosidad en tarjetas de crédito subió del 2% al 11% en el último año. Como excepción, los créditos con garantía hipotecaria mantienen niveles de cumplimiento estables cercanos al 1%, debido al riesgo de pérdida del activo patrimonial que conlleva el impago.

En el segmento de "otros préstamos", que incluye microcréditos y productos de menor volumen, la situación es aún más compleja. La cartera irregular en este sector alcanzó el 31,9%, lo que implica que casi un tercio de estos compromisos se encuentra en mora.

El endeudamiento no bancario, que afecta a más de 6 millones de hogares, presenta una dinámica particular. El 46,6% de estos compromisos corresponde a préstamos fuera del sistema bancario, con un promedio de $2.290.258 por hogar. Un dato relevante es la caída de los préstamos entre familiares y amigos, que pasaron de representar el 35,4% en 2025 al 15,9% en la actualidad, sugiriendo un agotamiento de las redes de asistencia informales.

Morosidad: panorama complicado

Dentro de las deudas no bancarias, el informe destaca el aumento de la morosidad en obligaciones mensuales y servicios. El impago de tasas e impuestos representa el 20,8% de esta categoría. Asimismo, el retraso en el abono de expensas se incrementó del 1,4% al 4,9%, mientras que la mora en el pago de servicios básicos subió del 2,3% al 5,4%.

También cobró relevancia la situación que atraviesa el ámbito educativo, donde el incumplimiento en las cuotas de colegios privados pasó del 0,7% al 3,1%. Estos indicadores sugieren que la presión sobre el presupuesto familiar está forzando a los hogares a priorizar ciertos pagos por sobre otros, afectando incluso servicios esenciales que anteriormente mostraban niveles de cumplimiento más altos.

"El repunte en 2026 es una señal de alerta sobre la capacidad de pago de los sectores más vulnerables, en línea con el deterioro que también muestran los índices de mora bancaria", concluye el informe.