Por Jimena Golender

La caída sostenida del poder adquisitivo de los jubilados y los aumentos de la luz y el gas -muy por encima de la inflación registrada en los últimos tres años- empujaron a los adultos mayores a un escenario crítico, donde deben elegir entre comer o pagar los servicios, endeudarse con el banco y billeteras virtuales o encender la estufa. En este marco, Crónica recopiló testimonios del sector más golpeado por el ajuste de "la motosierra". 

El impacto que tienen los incrementos de los servicios en este sector de la población -principalmente entre los que perciben el haber mínimo- es brutal para un bolsillo que viene siendo muy castigado ante promesas de mejoras económicas que nunca llegan. 

Las subas rondan entre el 25% y el 30%, mientras que muchas facturas pasaron de $45.000 a entre $80.000 y $130.000, tras la quita de la tarifa social a jubilados de todo el país.

"El mes pasado me vino $56.000 de gas, la semana pasada me llegó la nueva factura por $130.000", explicó Beatriz, una jubilada del partido de Morón que percibe el haber mínimo de Anses. En septiembre, esta suma alcanza los $428.633 y asciende a $498.633 con el pago del bono de $70.000 que lleva casi tres años congelado por el gobierno nacional.

Esta situación se repite a lo largo de todo el país e hizo que se incrementaran las consultas en las empresas prestadoras de servicios por parte de usuarios que no pueden hacer frente a las boletas y terminan refinanciando deudas acumuladas. "No nos queda otra que reclamar y pedir ayuda a los familiares porque todavía falta recibir la factura de gas del mes de agosto, con el frío que hizo. Nos obligan a elegir entre prender la estufa cuando hacen 2 grados o comer, no es justo", se queja la jubilada de 73 años, y agrega: "Los dejan (a las compañías) aumentar todos los meses y nosotros cobramos una miseria con un bono que no sube hace años. Les debería dar vergüenza de tratar así a los viejos". 

Por su parte, Claudia, una vecina del barrio porteño de Barracas, viene atravesando una situación similar con la luz desde hace varios meses. "Al principio, me dijeron que era un error del medidor, tardaron 2 meses en venir a arreglarlo y mientras me cobraban una fortuna ridícula para un departamento de dos ambientes. Después llegaron los últimos aumentos en invierno y ya no pude pagar. Voy poniendo lo que puedo por mes y me van acumulando deuda, pero ya me avisaron que me van a cortar el servicio. No tengo a quién pedirle plata, ¿cómo hago cobrando menos de 500 mil pesos para pagar 112 mil pesos solo de luz?", detalla a Crónica la mujer de 67 años. 

En tanto, Roberto, de Ramos Mejía, advirtió que este año tuvo que irse a vivir con su hijo a un departamento de dos ambientes porque su jubilación mínima ya no le permite alquilar algo propio: "Me subió el alquiler y a eso se le sumaron los servicios, en mayo ya me cortaron la luz y me estaban por cortar el gas, tuve que irme", se lamenta. 

"No hay forma de aguantar así, uno puede usar menos la luz o el gas, aunque haya que pasar frío, pero no se puede dejar de comer, y eso que ya ni como carne. Ya no nos podemos achicar más, y siguen aumentando los servicios todos los meses, nos quieren dejar en la calle", se queja Roberto. 

Aumentos mensuales y quita de subsidios 

El Gobierno confirmó días atrás aumentos del 1,75% en la electricidad y del 1,40% en el gas natural que impactarán en septiembre. En un intento por aliviar el impacto de estas subas en la población de menores recursos -incluidos los jubilados de la mínima-, la Secretaría de Energía modificó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). 

Entre los cambios aplicados, se decidió elevar el límite de consumo eléctrico con bonificación a 200 kWh mensuales, revirtiendo la baja proyectada a 150 kWh. Además, se le suma un descuento complementario del 25% sobre la bonificación base de la luz y sostiene un 24,5% extra en el gas, alcanzando una cobertura total de hasta el 75% para los usuarios del segmento subsidiado. 

Sin embargo, los costos fijos y variables sin subsidio o con consumo excedente siguen llevándose un porcentaje considerable de los ingresos de los jubilados. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las tarifas eléctricas base rondan los $1.700 de cargo fijo más el costo por kilovatio/hora consumido, mientras que en el suministro de gas residencial las categorías superiores registran valores que pueden comprometer más del 20% de un haber mínimo. 

¿Cuánto perdieron los jubilados con Javier Milei?

 Varios informes detallan que desde que asumió el presidente Javier Milei, las jubilaciones acumularon una pérdida del poder adquisitivo estimada en el 30% para quienes perciben el haber mínimo. 

El congelamiento del bono extraordinario de $70.000 desde el inicio de 2024 aceleró la pérdida del ingreso real frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En septiembre de 2026, la actualización por movilidad vigente estableció el haber mínimo en $428.590, que junto a la suma adicional que ya nada tiene de "extraordinaria", totaliza un haber bruto de $498.590. 

Este bono previsional de $70.000 está congelado desde marzo de 2024. "Si se hubiese actualizado con la fórmula jubilatoria, debería haber sido de $209.991 en junio de 2026. Esta decisión implicó una pérdida de $2.225.714 por jubilado entre abril de 2024 y junio de 2026", apuntó en un estudio el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

En tanto, estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad ubican la Canasta Básica del Adulto Mayor por encima de los $1.800.000. Mientras que la suma de la jubilación mínima y el bono cubre tan solo una cuarta parte de los consumos y servicios esenciales. 

Del monto total, los gastos en los Medicamentos insumen $503.600, Alimentación $410.640, Vivienda $360.150 y Servicios $151.350, destacando entre los consumos que más caros están.

La suba acumulada en la canasta de servicios públicos del AMBA superó el 900% desde diciembre de 2023, liderada por incrementos de más del 2.000% en las tarifas de gas y del 1.000% en el suministro eléctrico para usuarios de la categoría subsidiada. 

Sin alternativas, jubilados se ven obligados a volver a trabajar

El desfasaje entre el haber mínimo y los precios de los alimentos, servicios, medicamentos y bienes empujó a sectores de la tercera edad a buscar ingresos adicionales, en su mayoría en la informalidad.

Indicadores sobre el mercado laboral registran que la tasa de desocupación ampliada e informalidad en mayores de 65 años arrojó un incremento interanual. El fenómeno alcanza mayores niveles entre las mujeres, donde los índices de informalidad superan el 60%. En tanto, entre los hombres en edad jubilatoria que continúan trabajando, la informalidad creció más de 12 puntos porcentuales en los últimos años, situándose por encima del 55%. 

A la par del retorno forzado al mercado laboral, el endeudamiento se convirtió en una vía desesperada de los jubilados para sostener los gastos básicos. De acuerdo con informes del Banco Provincia y del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, la mora de este sector de la población se triplicó, a la par de un crecimiento en el número de adultos mayores que recurre a Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) para financiar gastos de primera necesidad como facturas de luz, gas, alimentos y medicamentos.