Desde hace unos años, el sector de los colegios privados viene sobrellevando problemas económicos, que se reflejan en reducciones de cursos y hasta cierres de establecimientos que se han venido registrando últimamente en distintas partes del país. Esto genera grandes dificultades para los alumnos afectados por esos casos, cuyas familias además de contener a sus hijos por el abrupto cambio en su vida escolar deben buscarles nuevos centros educativos para continuar con la misma, y muchas veces con urgencia por la posibilidad de que pierdan un año.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) afirman que se combinan dos escenarios que hacen muy complicada la situación: por un lado, la obligación de pagar aumentos salariales (fijados en paritarias) que luego no pueden descargar en el valor de la cuota, dada la regulación estatal y la situación económica general: y por el otro, la baja de natalidad que ya está impactando en la matrícula.

"El cierre de una institución educativa de gestión privada no ocurre de un día para otro, sino que suele ser el resultado de un proceso prolongado de deterioro financiero, en el que los costos operativos y salariales aumentan muy por encima de los ingresos", le dijo Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.

El directivo agregó que "a esta situación se suma la merma de la matrícula, asociada a la baja natalidad, que impacta de manera directa en la sustentabilidad de muchas escuelas". "En ese contexto, numerosos propietarios realizan esfuerzos extraordinarios para sostener los proyectos educativos, recurriendo a préstamos, comprometiendo ahorros o incluso vendiendo bienes personales", aseguró Zurita.

Añadió que "la vocación, el compromiso y la historia de cada institución hacen que la decisión de cerrar sea siempre la última alternativa, adoptada únicamente cuando la realidad económica demuestra que resulta imposible continuar y luego de haber evaluado todas las opciones disponibles".

Y afirmó que "desde AIEPA consideramos fundamental que estos procesos sean comprendidos en toda su dimensión, teniendo en cuenta las implicancias laborales, sociales y emocionales que involucran a las comunidades educativas". Desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), dijeron que "como Organización Sindical que defiende los derechos de los trabajadores docentes de gestión privada realizaremos todas las acciones gremiales, administrativas y legales necesarias" en ese sentido.

CABA: Datos oficiales

Según estadísticas del Ministerio de Educación de la Ciudad, en 2020 hubo 41.117 chicos que empezaron primer grado, entre escuelas de gestión pública y privada. En 2025, esa cantidad se redujo a 30.686. Entre 2006 y 2023, la tasa global de fecundidad en la Ciudad pasó de 1,86 hijos por mujer a 1,09 hijos por mujer. 

El de 2023 es el registro más bajo desde que se llevan estadísticas. Por ese motivo, el Ministerio de Educación porteño anunció a fines de 2025 que cerrará "secciones" en escuelas de gestión estatal de toda la Ciudad, sobre todo de los dos primeros grados del nivel primario. 

Es decir que aquellos colegios que venían teniendo, por ejemplo, un primer grado "A" y uno "B", este año pasarán a tener una sola. Varias escuelas ya recibieron la noticia de que tendrán que cerrar algunas de sus aulas.

Un cierre más

En las últimas semanas, sin previo aviso, y solo a través de un simple correo electrónico, los dueños de una escuela privada porteña anunciaron a sus empleados y las familias que cierran sus puertas, y luego cortaron toda vía de comunicación con la comunidad educativa.

De esa forma, dejaron a más de 300 estudiantes sin la continuidad educativa, a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Desde el gobierno porteño informaron que "como particular damnificado" han iniciado "todas las acciones legales contra los responsables del instituto ya que la institución recibía aporte estatal". 

Se trata del Instituto Formar Futuro, ubicado en Simbrón 5490, en el barrio de Villa Real, que además dejó a 75 empleados que se quedaron sin trabajo, de los cuales más de 50 son docentes. Tanto desde SADOP como desde AIEPA informaron al sitio web de Clarín que los dueños de ese colegio "desaparecieron" y dejaron salarios y aportes de la seguridad social impagos. 

"En enero no cobramos el sueldo y el 7 nos informan que ya no íbamos a cobrar porque habían embargado la cuenta de los representantes legales. Al otro día empezamos a darnos cuenta de que borraron el Instagram, la página web, nos bloquearon de sus celulares. A partir de ese momento empezamos a averiguar y nos damos cuenta de que desaparecieron", reveló una docente